Asamblea Ciudadana de Coahuila

Sabado, 28 de Octubre de 2006.













Documentos previos para análisis y reflexión.

DOCUMENTO DEL MOVIMIENTO CIUDADANO COAHUILENSE POR LA ESPERANZA DEMOCRÁTICA

México y los mexicanos estamos viviendo tiempos difíciles prácticamente en todos los órdenes de la vida nacional. Pero las dificultades, por más complejas y virulentas que sean, no deben arredrarnos ni conducirnos a la pasividad o la indiferencia, pensando equivocadamente que nada se puede hacer para cambiar el estado de cosas prevaleciente, el cual a todas luces está marcado por las debilidades evidentes de nuestra incipiente democracia, por el ahondamiento de la injusticia social, por la falta de acuerdos entre las principales fuerzas políticas para resolver los grandes problemas nacionales, por el estancamiento económico en el que nos encontramos, por las inercias de un pasado reciente que todavía se resiste a morir, por la irrupción de diversos fenómenos de descomposición social, entre otros factores.

Mientras al interior del país la cosa pública no marcha bien, en el exterior se suceden día a día cambios extraordinarios en todos los órdenes de la vida. En el plano económico estamos atorados, lo que nos ha hecho perder competitividad a nivel internacional, y volcados hacia afuera, hemos olvidado el desarrollo del mercado interno. En el terreno político se consiguió la alternancia en las elecciones del 6 de julio del 2000, pero parece como si el tiempo se hubiera detenido en esa fecha porque de entonces al presente los avances democráticos han sido mínimos, y la transición democrática también se ha atorado. De una cosa podemos estar seguros: las naciones del mundo, particularmente las desarrolladas y las de desarrollo emergente, no nos van a esperar sentadas para que las alcancemos.

Alguien dijo que los cambios políticos pueden ocurrir en el corto plazo, los cambios democráticos de régimen en el mediano plazo, pero que los cambios de mentalidades para impulsar la creación de sociedades civiles participativas requieren de plazos más largos. Aunque no tenemos elementos para dudar de este planteamiento, es un hecho que los mexicanos no podemos esperar demasiado tiempo, entre otras cosas porque ya hemos esperado más de lo debido, y porque las grandes cuestiones nacionales no se han resuelto con el correr del tiempo a favor de las mayorías, y en más de un sentido podemos asegurar que han empeorado hasta el punto de decir, sin exageraciones de por medio, que es preciso que actuemos ya, antes de que el país se nos diluya entre los dedos de las manos.

La conciencia del quehacer político surge en la acción cotidiana, ya sea que se actué a nivel micro, es decir, en los espacios inmediatos de cada sujeto social, sea el lugar de trabajo, el de estudios, en las colonias y los barrios, en los sindicatos, en las organizaciones campesinas, en las comunidades de base, en las organizaciones no gubernamentales, en las asociaciones de empresarios nacionalistas, también en las asociaciones de profesionales, e incluso al interior de las familias, o a nivel macro, esto es, cuando se producen movimientos sociales que involucran a diferentes sectores de la sociedad, cuando es necesario tomar decisiones sobre políticas públicas que afectan o benefician a toda la población, o cuando se genera efervescencia social en torno a las elecciones municipales, estatales y federales. Las sociedades civiles participativas, críticas y propositivas se forman en el quehacer político, no en el inmovilismo, y ese quehacer remite a su ingerencia en los movimientos de coyuntura, pero también en los no coyunturales.

No nos cabe la menor duda que debemos impulsar la participación del mayor número posible de ciudadanos. Si en los tiempos del régimen prisita se nos consideraba y se nos trataba como súbditos, y la toma de decisiones se circunscribía a los dictados de unos cuantos, y peor aun, del presidente en turno, hoy debemos atajar los intentos de personajes retrógrados que buscan regresar al pasado. Ha llegado la hora de decir todo con los ciudadanos, y nada sin ellos.

Es un hecho que la administración foxista ha fracasado hasta ahora, cuando ha transcurrido más de la mitad de su periodo constitucional, y no hay visos de que las cosas vayan a mejorar durante el tiempo que le resta. Hoy por hoy estamos padeciendo los efectos de la ingobernabilidad, o dicho más propiamente, del desgobierno. El equipo de Fox no tiene un proyecto de nación que responda a las necesidades del pueblo mexicano y resuelva, como ya lo dijimos, las grandes cuestiones nacionales. No se ve que hayan elaborado una ruta crítica que nos saque de la crisis económica, del desbarajuste político y de la anomia social.

¿De qué otra forma se puede denominar a la falta de políticas claras en cada una de las dependencias federales, las contradicciones notorias entre los elementos del gabinete central, la impericia del Ejecutivo para llegar a acuerdos con el Congreso Federal, el desánimo del Presidente que está pensando en retirarse antes de haber concluido, la ausencia de un mando democrático que sepa sacar adelante sus propuestas por la vía de la negociación inteligente, y no por la del empecinamiento y la falta de tacto político, y hasta la ausencia de un rumbo claramente trazado a través del concurso complementario y solidario de gobierno y sociedad, si no es mediante el término ingobernabilidad o, para ser más precisos, del concepto desgobierno?

Las enormes expectativas que levantó Fox antes, durante y después de su elección no se han cumplido. Prometió un crecimiento del 7% anual de la economía del país, y en los tres años que lleva de su gestión el crecimiento económico ha sido del 0.6%, el más bajo en casi 70 años, como lo revelan las cifras siguientes sobre los primeros trienios de gobiernos anteriores: Cárdenas:6.3%, Ávila Camacho:6.4%, Alemán:4.4%, Ruiz Cortines: 6.3%, López Mateos:5.1%, Díaz Ordaz:6.0%, Echeverría:6.6%, López Portillo:7.3%, De la Madrid:0.7%, Salinas de Gortari:4.5%, Zedillo:1.9%.

Prometió impulsar el empleo como ninguna otra administración, y la realidad es que en estos tres últimos años se han perdido más de medio millón de empleos, cuando por otra parte se necesita generar cerca de 1,200,000 plazas de trabajo anuales a fin de responder a la demanda nacional en este rubro. Se podría asegurar que casi no hay hogar mexicano en que no se encuentre una o más personas desempleadas, y una parte de esta enorme masa humana, viéndose al borde de la desesperación, o de plano inmersos completamente en ella, deciden trabajar en lo que sea, abriendo pequeños negocios informales por aquí y por allá, los cuales nada tienen que ver con los tristemente célebres changarros foxistas.

Otro porcentaje importante emigra a los Estados Unidos, exponiéndose a peligros inimaginables, y casi siempre para trabajar en labores agrícolas, o en oficios que los ciudadanos de ese país desprecian, sólo para ganar los salarios más bajos que se pagan en Norteamérica, pero que indudablemente sirven para sostener algunos de los gastos de sus familias en México.

Muchos simplemente se quedan sin trabajar por falta de oportunidades, y la familia se ve obligada a reducir su nivel de vida para amortiguar el impacto negativo de la reducción del ingreso familiar. En otras palabras, las características peculiarísimas de la familia mexicana han contribuido a que el fenómeno del desempleo no trascienda al plano político a través de la inconformidad manifiesta de los afectados, expresada mediante protestas públicas y revueltas sociales. Pero del hecho de que esto no haya sucedido, por lo menos no como podría esperarse, dadas las enormes dimensiones del problema, no se sigue que nunca vaya a ocurrir. En tal sentido embona muy bien el adagio popular: tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe.

El INEGI acaba de informar que la Tasa de Desempleo Abierto del mes de enero del 2004 fue de 3.81%, la cifra más alta desde hace siete años. Este dato le disgustó al Presidente Fox, y salió a defender lo indefendible diciendo que él tenía otras cifras en el sentido de que el empleo se estaba recuperando desde octubre del 2003 hasta el presente, pero al matizar lo dicho con la expresión “recuperación ligera”, en realidad produjo el efecto contrario al que pretendía. La verdad de las cosas es que se calcula que en enero del año en curso, el número de desempleados abiertos (población en disposición de trabajar que no laboró ni una hora a la semana) ascendió en todo el país a 1 millón 616 mil 802 personas, un incremento de 499 mil respecto al nivel que se registró en enero del 2003.

Era de esperarse que los índices de pobreza aumentaran dramáticamente. Este gobierno informó que en México hay 53.4 millones de personas ubicadas por debajo de la línea de la pobreza, de las cuales cerca de 22 millones son consideradas como los pobres de los pobres, los de pobreza extrema, eufemismo que emplean los adlátares del gobierno para evitar el término miseria pero, ¿qué otra cosa son sino miserables los que no tienen ingresos suficientes ni siquiera para alimentarse, menos para cubrir otros gastos? De ellos dijo Víctor Hugo que eran los humillados y ofendidos de la Tierra.

Otras fuentes, tanto o más fidedignas que las gubernamentales, aseguran que el número de pobres en el país es del orden del 65% al 70% del total de la población, es decir, dos de cada tres mexicanos sufren los rigores, en diferentes grados, de este flagelo contemporáneo. Mayor injusticia no puede haber, además de que constituye una enorme vergüenza nacional (la cual los ciudadanos tenemos el derecho de endosársela a los gobernantes, y en especial a los tecnócratas que han seguido a pie juntillas el modelo neoliberal), el hecho incalificable de que la única industria boyante de este país sea la industria donde se “fabrican pobres” en forma masiva.

El drama humano de la pobreza y la miseria se ha enquistado en nuestra sociedad, y mal haríamos si nos acostumbráramos a él, convirtiendo lo anormal en normal, lo intolerable en tolerable, y hasta lo inmoral en lo pasablemente moral. Las voces de los pobres claman justicia, pero en especial las de las etnias del país, las de los niños y las de las mujeres, que estadísticamente hablando integran los contingentes más pobres. Algunos ya han alzado sus voces, como los zapatistas, pero la enorme mayoría sigue en silencio, lo que no quiere decir que no haya inconformidad. Aquí me valgo del título de un libro de Elena Poniatowska: Fuerte es el silencio.

La situación descrita ha provocado el crecimiento exorbitante de la economía informal. Del análisis realizado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, aparecido en los periódicos del Grupo Reforma con fecha de lunes 23 de febrero del 2004, se desprende que la economía subterránea en México representa el 26% del Producto Interno Bruto, la cual se disparó a partir de 1995, que fue cuando la economía resintió los efectos de la crisis bancaria. El estudio asegura que el potencial recaudatorio de la economía informal podría ascender al 0.42% del PIB.

A principios del siglo XIX, cuando Humbolt andaba por nuestras tierras, dio cuenta de la realidad social y económica de entonces al aseverar que en sus muchos viajes alrededor del mundo, no había encontrado un lugar donde la desigualdad social fuera tan notoria e infame como la que existía por estos lares.

A casi dos siglos de la visita de tan ilustre personaje, ciertamente ha corrido mucha agua por debajo de los puentes, pero la injusta distribución de la riqueza se ha profundizado, y la presente administración ha hecho muy poco, si no es que nada, para ponerle remedio. Pero, ¿cómo pedirle peras al olmo, si sabemos que el modelo neoliberal que desde 1982 hasta el presente se ha adoptado es excluyente por naturaleza, en el sentido de que evita que las mayorías gocen de los beneficios de la riqueza social, y alienta una concentración desmedida de esa riqueza en unos cuantos, quienes se convierten en multimillonarios, tanto que llegan a figurar año con año entre los hombres y mujeres más ricos del mundo? México tiene el récord latinoamericano en lo que hace al mayor número de multimillonarios que aparecen en la revista Forbes, cuando al mismo tiempo somos una de las naciones de nuestro subcontinente donde hay más pobres y miserables, tanto en términos relativos como absolutos.

La parálisis económica de los últimos años ha deprimido notablemente el mercado nacional, entre otras cosas porque el gobierno foxista se ha volcado hacia fuera, presumiendo el incremento innegable de la capacidad exportadora del país en el contexto del TLCAN. Sin embargo no se dice que el aumento de las exportaciones se ha traducido en una mayor dependencia en relación con la economía norteamericana, y que ese aumento ha servido de poco a la economía del país porque la mayoría de los productos exportados no incluyen componentes de fabricación nacional.

La actual administración no solo no ha formulado una política de industrialización, a partir de apoyos fiscales y medidas desregulatorias que favorezcan la inversión nacional, sino que al darle la espalda al mercado interno, en los hechos el país se está desindustrializando. No pasa día sin que sepamos de la desaparición de empresas de toda índole: grandes, pequeñas y medianas, y este proceso de reversión arroja a las filas del desempleo a miles de compatriotas.

Al campo mexicano tampoco le ha ido bien, a pesar de haber crecido a tasas superiores a las del sector secundario de la economía. La contrarreforma salinista al artículo 27 constitucional no ha capitalizado a la enorme mayoría de las unidades agropecuarias de producción, como se dijo que ocurriría. Por el contrario, los ejidos y comunidades campesinas siguen sumidos en la miseria, con el agravante de que muchos ejidatarios y comuneros se han visto en la necesidad de vender sus tierras y emigrar hacia las ciudades para engrosar los cinturones de miseria o hacia los Estados Unidos. Por estos y otros motivos, es absolutamente cierta la proclama de las organizaciones campesinas independientes: El campo no aguanta más.

El sector de los servicios también ha resentido la parálisis de la economía. Con tasas de crecimiento menores al 1%, es prácticamente imposible aumentar sustancialmente la capacidad de compra de los consumidores, lo que se traduce en el achicamiento gradual del mercado interno. Cierto, los índices de inflación han ido a la baja, pero la pérdida histórica del poder adquisitivo de los salarios es de tal magnitud que los mínimos incrementos reales de ese poder adquisitivo en los últimos años no llegan, ni con mucho, a compensar parte de dicha pérdida. Los salarios han perdido, en términos aproximados, un 70% de su poder adquisitivo respecto de los niveles salariales de la década de los setenta del siglo pasado.

Los defensores del TLCAN señalaron una y otra vez que este instrumento era necesario para que México se incorporara al selecto club de las naciones desarrolladas. A diez años de distancia de haber entrado en vigor, las promesas se hicieron humo, porque es público y notorio que México no ha alcanzado los niveles de crecimiento que se suponía llegaría a tener, porque la pobreza y el desempleo han aumentado, porque lo mismo ha sucedido con nuestra dependencia económica y porque las condiciones de vida de las mayorías han empeorado notoriamente.

El gobierno presume que nos hemos convertido en la novena economía del mundo, del lugar treceavo que ocupábamos hasta antes de que rigiera el TLCAN, pero olvida decir que tal repunte se debe al significativo aumento de las exportaciones, las cuales en un porcentaje importante están bajo el dominio de empresas trasnacionales, mientras que la mayoría de las empresas mexicanas apenas están sobreviviendo, y otras abiertamente han entrado en proceso de descapitalización. Además, como ya se dijo, a pasos agigantados estamos perdiendo competitividad en el plano internacional, tanto en lo que se refiere a nuestro comercio con el exterior, pero de igual forma en el comercio interior, como en lo que hace a la captación de capitales, de tal suerte que países como China, considerada como de desarrollo emergente, ya nos desplazó al tercer lugar en el comercio con los Estados Unidos.

También se festina la estabilidad macroeconómica del país. Para evitar posiciones maniqueas, no se pueden desdeñar los logros en materia de estabilidad cambiaria, de control de la inflación y de reducción del déficit del gasto público. Es cierto que hemos dejado de ser altamente deficitarios en el gasto público, porque éste se mantiene a un nivel manejable del orden no mayor al 3% del PIB, pero en la variable más importante, que es el crecimiento y desarrollo económicos con justicia distributiva, seguimos siendo muy deficitarios, y como también ya lo mencionamos, todo indica que las cosas van a seguir igual por lo que resta del sexenio, pues aunque se prevé un crecimiento mayor de la economía en los tres años restantes de la actual administración, de seguro el promedio del crecimiento sexenal terminará por ser uno de los más bajos pues prácticamente los primeros tres años se los llevó el viento.

El gobierno foxista recurrió a la excusa manida para de alguna manera encubrir su incapacidad: que México no estaba creciendo porque la economía ancla, la norteamericana, se había estancado. Sin embargo la mentira quedó al descubierto cuando se dieron a conocer las cifras en el vecino país, el cual creció en el 2003 a una tasa cercana al 6%. Entonces, queda claro que no hemos tenido crecimiento, y mucho menos desarrollo económico, si entendemos a éste último como la combinación afortunada justamente del crecimiento económico sostenido en al menos el doble de la tasa de crecimiento de la población, con planes bien formulados y mejor ejecutados de distribución del ingreso; y no lo hemos tenido no por causa de fuerzas adversas que vengan del exterior, sino simple y llanamente por la incapacidad, la impericia y hasta la abulia de la administración federal en turno.

Por otro lado, es cierto que es necesario llevar a cabo las llamadas reformas estructurales: la hacendaria, la eléctrica y la laboral, por mencionar las más importantes. Pero amén de la ausencia de estrategias para negociar con los diferentes actores políticos y sociales del país, o por haber escogido procedimientos de cabildeo que han demostrado ser absolutamente ineficientes e ineficaces, el gobierno federal actual se ha empecinado, diríamos que hasta de manera obtusa, en unos pocos aspectos, como es el caso de la reforma tributaria, donde ha centralizado sus propuestas en el cobro del IVA a medicinas, alimentos, colegiaturas, publicaciones, etcétera.

Nadie niega que se requieren más recursos para solventar las inversiones en infraestructura, educación, salud y demás proyectos de inversión que vayan en la línea de reactivar el mercado interno y, por ende, aumentar los índices de crecimiento de la economía como un todo. Pero antes de pensar en cobrar el impuesto al valor agregado a artículos de primera necesidad, que impactaría negativamente el gasto de la gran mayoría de los mexicanos, empobreciéndolos todavía más, si es que tal cosa es concebible, habría que empezar por reducir el gasto corriente del gobierno federal, y también el de los otros niveles de gobierno, a través de programas de austeridad que ataquen frontalmente los gastos innecesarios y onerosos, pero que no perjudiquen a los trabajadores al servicio de los gobiernos ni mermen sus derechos laborales.

Es cierto que los impuestos que se cobran en México representan el 12% del PIB, una de las tasas más bajas de América Latina. Pero para incrementar la captación de recursos se tendría que empezar por el aumento de la base gravable, es decir, que sean muchos más de los 8 millones de personas las que paguen impuestos, cuando los cálculos aseguran que hay 40 millones que reciben algún tipo de pago por el trabajo desempeñado. Según las cifras que proporcionan los analistas en la materia, la evasión fiscal en México asciende a 400,000 millones de pesos.

¿Se necesita hacer la reforma laboral? Sí, pero se puede llevar a cabo sin lesionar los derechos de los trabajadores, los cuales se han conseguido a base de muchas luchas sociales de las que da cuenta la historia contemporánea de nuestro país. ¿Y qué con la reforma eléctrica? También es necesaria y hasta imprescindible hacerla, pero no a costa de vender el patrimonio de los mexicanos. Es posible encontrar mecanismos internos de financiamiento, y bajo este esquema, la inversión externa sería complementaria, todo bajo el supuesto de que la generación, transmisión y comercialización de la energía eléctrica seguirían siendo un bien nacional.

¿Pero qué otra cosa pueden hacer los partidarios a ultranza del neoliberalismo sino seguir insistiendo que el Estado debe abstenerse de manejar la economía; que debe dejar de ser un Estado obeso, deshaciéndose de las empresas públicas; que la economía es de los empresarios particulares y solo para los empresarios particulares; que el mercado es quien debe regular todas las relaciones económicas; que los gobiernos únicamente tienen que dedicarse a crear las condiciones legales y el clima político idóneo para favorecer la inversión de capitales, tanto los que provengan de adentro como los de afuera; que la economía debe abrirse al máximo, sin tomar en consideración las disparidades entre los niveles de desarrollo con los países con los que se establecen tratados de libre comercio; que no existe ningún riesgo en la trasnacionalización del sector financiero; que debe revisarse el concepto de nacionalismo, el cual no bajan de trasnochado, con el fin de hacer reformas constitucionales que permitan la inversión indiscriminada en los sectores estratégicos de la economía y, por lo tanto, su control a cargo de capitalistas extranjeros, porque al fin y al cabo lo que cuenta es la eficiencia y la eficacia en la prestación de los servicios, independientemente de quién sea el propietario de los mismos?

Así como se criticaba, y con razón, a quienes defendían a capa y espada la ingerencia del Estado en muchas empresas que eran de su propiedad al considerarlos como estatólatras fundamentalistas y contumaces, a quienes eran partidarios del proteccionismo económico a ultranza, lo mismo se puede decir ahora de los partidarios del neoliberalismo, en especial de los gobernantes que se han sucedido desde la administración de Miguel de la Madrid hasta la actual. De ellos se puede decir que son más papistas que el Papa, porque se han empeñado en poner en vigor las medidas económicas contraccionistas y privatizadoras que les dictan los organismos financieros internacionales, y lo han estado haciendo con tanto ahínco, como queriendo demostrar que son capaces de ser más disciplinados que la disciplina que se les exige, casi como si se tratara de alumnos bien portados que en ningún sentido desearían oponerse a los dichos y los hechos de sus maestros de semblante adusto y talante regañón.

Hay que decir la verdad con todas sus letras: el modelo neoliberal propicia la concentración de la riqueza, aumenta la desigualdad social, genera mayor pobreza y miseria, incrementa las disparidades económicas entre los países ricos y los pobres, y bajo la lógica inhumana de la prevalencia del mercado, produce en forma masiva poblaciones prescindibles, que en nada afectaría a dicho mercado si desaparecieran del mapa porque no son redituables. Así de injusta se vuelve la vida para las mayorías bajo la égida de este modelo cuando que, por el contrario, como humanos que somos deberíamos decir, para actuar en consecuencia, lo que una vez dijo Nietzsche: Nada de lo humano me es extraño.

Los gobiernos de los países desarrollados prescriben para los países pobres una serie de recetas económicas neoliberales que ellos mismos no están dispuestos a poner en práctica. El proteccionismo norteamericano a favor de sus productores agropecuarios es proverbial, pero al mismo tiempo exige que los demás abran sus economías todo lo posible. El déficit fiscal de ese país asciende a la astronómica cantidad de 500 mil millones de dólares, lo que sumado a los costos por las guerras en Afganistán e Irak probablemente da un total de 650 mil millones de dólares, equivalente a todo el PIB de México, pero hacia fuera influyen en los organismos financieros internacionales para que éstos a su vez exijan a los países pobres severos controles en esta materia. La Unión Europea también ha impuesto diversas medidas proteccionistas, lo mismo que China y otros países.

Entonces las respuestas no están en el regreso al pasado, donde predominaban el autoritarismo político, el populismo y la autarquía económica, pero tampoco en el modelo neoliberal, el cual en líneas muy generales hemos caracterizado. Las cuestiones centrales no estriban en si se debe tener Estados obesos o delgados, sino eficientes y eficaces, austeros y trasparentes en el manejo de los recursos públicos, y que salvaguarden los intereses nacionales.

También es impropio plantear la cuestión económica en términos del intervencionismo estatal versus el predominio de la inversión privada. El Estado debe ser garante de los sectores estratégicos de la economía, pero no hay razones de peso que impidan el concurso de los particulares en muchas actividades productivas, especialmente si los gobernantes generan las condiciones que impulsen la participación de los inversionistas nacionales.

De esto no tienen porque derivarse políticas xenófobas en contra de la inversión extranjera, pero hay que hacer los esfuerzos necesarios para atraer inversión fuereña que verdaderamente genere riqueza y empleos, y no seguir simplemente alentando la internación de la inversión especulativa, la que por lo demás debe ser gravada, como se hace con los ingresos de los particulares y las empresas que pagan impuestos.

Pero hasta en esto va de picada en el gobierno actual pues la inversión extranjera directa (IED) en el 2003 fue de 10 mil 731 millones de dólares, lo que representa una caída de 25.7% en comparación con el 2002, cuando entraron al país 14 mil 435 millones de dólares. De hecho el monto del 2003 es el menor desde 1996, cuando se captaron 9 mil 956 millones de dólares, y hoy por hoy las remesas que ingresan al país superan por mucho los montos de la IED, pues en el 2003 fueron del orden de los 14 mil millones de dólares, constituyéndose así en la segunda fuente de divisas del país, por encima de la cual sólo están los ingresos petroleros por una cantidad aproximada de 17 mil 500 millones de dólares.

Un lastre de la economía nacional es la deuda externa. El gobierno de Fox se ufana de las negociaciones hechas en esta materia, diciendo que por algunos años esta deuda dejará de representar un grave problema para las finanzas públicas. Es cierto que se prolongaron los plazos de las amortizaciones, pero los intereses que se tienen que pagar año con año constituyen una carga muy pesada.

A raíz de la crisis económica argentina de los años recientes, el actual gobierno de ese país optó por la cesantía de pagos, a pesar de que se tuvo que enfrentar a fuertes presiones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. El razonamiento que estuvo detrás de esta histórica decisión fue muy simple: o se utilizaban los exiguos recursos presupuestales para combatir la pobreza (recuérdese las dantescas escenas de los niños muriéndose de hambre en las provincias norteñas de Argentina, y hasta en las barriadas del mismo Buenos Aires), y para reactivar la economía, o sucumbían a las presiones de los organismos financieros internacionales, y también del gobierno de Bush, para pagar intereses atrasados y amortizar partes de su deuda total, lo cual, de haberse hecho, hubiera profundizado la crisis de ese país a niveles inimaginables incrementando la pobreza, las muertes de infantes por inanición, el desempleo, la irritación social y hasta más protestas y revueltas sociales de las que se dieron.

El año pasado Argentina fue el país que más creció en Latinoamérica, a una tasa del 8%, y no hay que ser un experto en materia económica para darse cuenta que la causa de este verdadero milagro económico fue precisamente la enjundiosa decisión de no pagar la deuda, por lo menos no en los términos que tienden a imponer los organismos internacionales de todos conocidos. En estos precisos momentos ese país está siendo presionado, y aunque ha vuelto a la mesa de negociaciones, sigue con la postura firme de no pagar más del 30% de los intereses, al tiempo que está luchando por conseguir quitas al monto total.

Las posturas de los gobernantes mexicanos han sido patéticas, vergonzosas y humillantes (discúlpese el abuso de adjetivos). No sólo no hemos adoptado posiciones firmes, en bien de los intereses nacionales, y en ultimas instancia, para mejorar las condiciones de vida de todos los habitantes de nuestro país, sino que se han adelantado pagos a los organismos financieros internacionales que ellos no demandaban (a esto se le llama petulancia), y ha habido ocasiones, por cierto de triste memoria, en las que se han esquiroleado los esfuerzos de otros países latinoamericanos por enfrentar con dignidad los reclamos injustos de tales organismos.

El fundamentalismo neoliberal no sabe de otra que privatizar empresas públicas, o de alentar la venta de la banca nacional a inversionistas extranjeros. El caso de México es paradigmático, pues habiéndose vendido la mayoría de los bancos a particulares de origen nacional, después se procedió a hacer lo mismo, pero ahora en beneficio de banqueros norteamericanos y españoles principalmente, y con la puesta en venta del resto de las acciones de Bancomer que aún quedan en manos de connacionales, el capital financiero internacional se adueñará de poco más del 85% de la banca del país.

Por si fuera poco lo anterior, la venta del resto de las acciones de Bancomer no impactará al resto de la economía porque esta operación se realizará en el seno de la Bolsa de Valores.

Los bancos en manos de extranjeros no están apoyando el crecimiento económico del país porque son pocos los que se atreven a hacer uso de sus servicios, dado los elevados intereses que cobran, en particular en los escasos préstamos de diversa índole que otorgan, con lo cual están dejando de cumplir el papel de intermediarios financieros. A los dueños de estos bancos no les importa gran cosa si la economía crece o no, mientras sigan recibiendo los beneficios de los pagarés que fueron a dar a la panza del Fobaproa (ahora IPAB), muchos de ellos de forma irregular.

Si al país no le ha ido bien bajo la administración panista, Coahuila no tendría porque correr con mejor suerte. De hecho en cierto sentido nos ha ido peor. Es el caso del desempleo, donde mes con mes alguna ciudad de nuestro estado aparece con la tasa más alta de personas que están desempleadas, y cuando bien nos va, se nos ubica no en el primero, pero sí dentro de los primeros lugares. Entonces el máximo consuelo a que podemos aspirar en este rubro es no ser el peor de los peores, sino uno de los primeros en la escala de los peores. De ese calibre están las cosas.

En noviembre del 2003, la Tasa de Desempleo Abierto de Saltillo fue de 5.5%, la más alta del país, y aunque en el mes de enero de este año bajó al 3.9%, no dejó de ubicarse en los primeros lugares pues de hecho fue la sexta más alta a nivel nacional. Pero lo mismo ha pasado con Monclova y con otras ciudades del estado.

Es cierto que el crecimiento del PIB de Coahuila fue del 3.6% el año pasado, ubicando a nuestra entidad en el sexto lugar a nivel nacional, pero también es cierto que dicho crecimiento ha sido insuficiente para disminuir los altos niveles de desempleo que parece que llegaron para quedarse.

Además el crecimiento económico del último año no compensa el pobre desempeño de los años previos, de tal suerte que se puede afirmar que la mayoría de las actividades económicas, si bien no han entrado en parálisis, sí están resentidas. La inversión interna fluye a cuentagotas, y la participación estatal respecto de la inversión externa directa que entra al país se ha desplomado en lo que va del gobierno de Enrique Martínez, cuando hasta hace pocos años nuestro estado era considerado un polo de fuerte atracción de las inversiones foráneas.

El año pasado el estado captó sólo 105 millones de dólares, lo que representó el 1.1% de los 10 mil 731.4 millones de dólares que entraron al país como inversión extranjera directa. De hecho en este rubro Coahuila se colocó en el último lugar de los estados del norte del país donde Nuevo León captó 845.5 millones de dólares, equivalentes al 9% del total. A Baja California entraron 645.6 millones de dólares, es decir, el 6.8%. Las cifras de Chihuahua fueron 637.4 millones de dólares, esto es, el 6.8%. Tamaulipas recibió 321.4 millones de dólares, o sea el 3.4%. En Sonora se invirtieron 119.4 millones de dólares, el 1.3% del monto global.

En estos momentos se está decidiendo el destino de Altos Hornos de México, empresa que en caso de cerrar por su altos pasivos y por problemas de impuestos con Hacienda, impactará negativamente la economía de la región centro del estado, y mandará a las filas del desempleo a miles de trabajadores de esa compañía, y de muchas y pequeñas empresas subsidiarias.

En la frontera norte el boom de las maquiladoras está desapareciendo ante la imposibilidad de competir con las ventajas comparativas que ofrecen las economías emergentes de crecimiento acelerado como las de China y la India y, de nuevo el fantasma del desempleo recorre aquellas tierras, además de la estela de calamidades que llegaron con el arribo de este tipo de empresas: violaciones a los derechos laborales, sueldos de miseria, hacinamiento de la población migrante y contaminación ambiental.

En la región lagunera hace tiempo que desapareció el auge algodonero, y solo unos cuantos productores rurales son los que han realizado reconversiones productivas. Si bien el comercio y los servicios conservan cierta dinámica, la que se explica más por el fenómeno de conurbación de Torreón con Gómez Palacio y Lerdo, las inversiones en la industria han sido más bien pocas, y de montos reducidos.

La economía de la región sureste, basada en la industria automotriz, está fuertemente integrada al mercado norteamericano vía la exportación de las empresas trasnacionales instaladas en nuestra región. Pero en los últimos años el mercado de automóviles en los Estados Unidos se ha saturado, y si a esto se le suma la recesión económica por la que transitó ese país hasta antes del 2003, el panorama para nuestra región ha sido más que sombrío, con despidos masivos recurrentes o la reducción de los días laborables. Por su parte las empresas del Grupo Industrial Saltillo han puesto en práctica una política draconiana de ahorros con el fin de recapitalizarse y de enfrentar los compromisos de sus deudas, y para hacerlo se han valido del despido indiscriminado de su personal. Además las fuertes inversiones que acostumbraban hacer éste y otros grupos de empresarios se han reducido notoriamente.

En el terreno político prevalecen la falta de acuerdos, los pleitos y denuestos al interior de los principales partidos políticos, las descalificaciones y un profundo malestar social que se manifiesta de muchas maneras. Los mexicanos desconfían cada vez más de los políticos, como quedó de manifiesto en la baja participación ciudadana en las elecciones federales intermedias del 2003.

No podemos negar que a nivel federal se han realizado elecciones pasablemente democráticas desde 1997, afectadas todavía por ciertas prácticas antidemocráticas que se siguen dando en algunos lugares del país, sobre todo en aquellos donde gobiernan personas de línea dura, resistentes al cambio. En ese año el PRI perdió por primera vez la mayoría absoluta, abriendo la puerta a una configuración más plural del Congreso de la Unión, en particular de la Cámara de Diputados.

Otro hito histórico fue la alternancia que se logró el 6 de julio del 2000, y este acontecimiento es de suma trascendencia, en particular si se analiza a la vera de las muchas luchas por la democracia que irrumpieron en el panorama nacional desde el movimiento estudiantil de 1968, y si se quiere desde antes.

Ciertamente se consiguió la alternancia, por la vía de elecciones democráticas y tolerablemente limpias, aunque no del todo equitativas. Sin embargo la transición democrática se atascó, entre otros motivos porque el gobierno en turno se desinteresó del tema para concentrarse en lo económico pero, como ya hemos visto, ni siquiera en éste último le ha ido bien.

Esta verdad también hay que decirla con todas sus letras: los miembros más conspicuos de la administración actual, con Fox y Creel a la cabeza, no han demostrado ni voluntad ni interés políticos para impulsar las reformas democráticas que el país requiere, las cuales en gran parte se concentran en la Reforma del Estado.

Se menciona a estos dos personajes, y en especial al último, por las responsabilidades de sus cargos, y porque en el pasado reciente participaron activamente en una serie de eventos y organizaciones que precisamente tenían a la democracia como su motivo central, a la que debía impulsarse para acceder a la alternancia, no como fin último, sino como medio para catapultar la transición democrática del país. Pero ahora que están en posición de facilitar todos los medios y recursos para dar ese impulso, resulta que han optado por seguir la inercia de los acontecimientos políticos, en lugar de fungir como verdaderos estadistas, con visiones claras del presente y el futuro inmediato y mediato, y con propuestas aún más claras que conciten la participación de todos los actores sociales y políticos que tienen que ver con este tema trascendental.

Por los pobres resultados habidos, pareciera que únicamente les interesaba ocupar la silla presidencial, y que sus afanes democráticos duraron hasta que alcanzaron esa meta, o bien el manejo de la cosa pública se les complicó más de lo que suponían, saliendo a relucir sus incapacidades.

Es un hecho que el gobierno de Fox cometió un error estratégico grave: no aprovechó el capital político con el que llegó a la presidencia, ni las condiciones favorables que había al inicio de su administración. En ese momento debió hacer un llamado a la sociedad y a los políticos para avanzar sustancialmente en el proceso de democratización del país, antes de que el desgaste natural que viene con el ejercicio del poder y el entronamiento de las contradicciones entre las principales fuerzas y actores políticos hicieran de las suyas. Pero lo que se pudo hacer, no se hizo, y obviamente el tiempo no perdona los, permítase la expresión, pecados por omisión, como tampoco perdona los pecados por comisión.

Ciertamente no se trataba de gestar un acto fundacional de la nación, pero sí un acto fundacional de una nueva etapa de desarrollo político para el país, habiendo dejado atrás los regímenes autoritarios y antidemocráticos, tanto del priismo más rancio y populista como del priismo supuestamente moderno y poco patriótico.

Estaban dadas las condiciones para impulsar la Reforma del Estado. Hasta se formó una Comisión de Estudios llamada precisamente así, para la Reforma del Estado, la cual coordinó uno de los políticos más controvertido y sagaz de los últimos tiempos. Los trabajos de la Comisión, en la cual participaron cerca de 150 personas de reconocido prestigio, arrojaron una serie de propuestas interesantes en los campos de Los Derechos Humanos y las Libertades Públicas, Objetivos Económicos y Sociales del Estado, Representación Política y Democracia Participativa, Forma de Gobierno y Organización de los Poderes Públicos, Federalismo, Descentralización y Autonomías, Constitución y Globalidad.

La Secretaría de Gobernación, por medio de su titular Santiago Creel, logró que todos los partidos políticos firmaran una especie de carta de intención sobre asuntos torales en materia de democracia y de reforma de las instituciones públicas, pero quién sabe por qué motivos no se le dio seguimiento a esta propuesta, la cual por otro lado no pasaba de ser una mera lista de buenos propósitos.

Desde las primeras de cambio quedó al descubierto el desánimo y la abulia del Presidente, cuando lo que se requería era aprovechar el timing político para hacer amarres con los partidos y las organizaciones y personajes representativos de la sociedad civil. De haberlo hecho, probablemente el manejo de la cosa pública no se le hubiera complicado demasiado, e incluso habría sido posible que algunas de sus iniciativas económicas salieran adelante. Se requería, pues, algo similar al Pacto de La Moncloa, pero de los dolores de parto de los montes, apenas salieron unos cuantos ratones escuálidos.

Fox prometió resolver el conflicto zapatista en 15 minutos, y después de verse obligado a tomar una posición sobre el particular debido a la marcha de los zapatistas a la ciudad de México para hablar ante la Cámara de Diputados, únicamente se limitó a enviar la iniciativa de la COCOPA al Congreso. Sin embargo lo que se requería era que se valiera de todos los medios legítimos para impulsar una intensa campaña de cabildeo entre los diputados y senadores de los diferentes partidos políticos con el fin de asegurar la mayoría para la aprobación de dicha iniciativa, pero en lugar de proceder como convenía, sólo se limitó a seguir de lejos el curso de los acontecimientos, y en el contexto del vacío presidencial, la ley aprobada por el Congreso no cumplió con las expectativas de los zapatistas, sobre todo en materia de autonomía para elegir a sus autoridades mediante el expediente de los usos y costumbres de los pueblos.

Pero vistas las cosas desde otro ángulo, la culpa de este trágico resultado no le cabe sólo al Presidente, sino también al resto de los mexicanos porque nunca nos dimos cuenta que para nuestro brillante mandatario la resolución del conflicto zapatista equivalía a deshacerse o desentenderse del mismo, pasando la responsabilidad a otros. Pilatos se queda corto ante esta estratagema sin par.

El trienio ha estado marcado por muchas protestas y movimientos de diversos sectores de la sociedad: la huelga de la UNAM, los macheteros de Atenco, los cañeros, los barzonistas, el movimiento del “Campo No Aguanta Más”, las protestas de los pescadores de Sinaloa, etc. El gobierno de Fox ha optado por la negociación (salvo en el caso de la UNAM), y eso está bien, pero además de disposición para negociar se requiere voluntad política y decisiones administrativas para resolver los problemas de fondo.

El hecho de que se estén dando todos estos movimientos pone de manifiesto la inconformidad y la crispación de amplios sectores sociales, y la incapacidad de los altos mandos de la administración foxista para resolver a tiempo los problemas, antes de que la gente, en pleno uso de sus derechos constitucionales, tome las calles, o antes de que la sangre llegue al río. Dada la pobre actuación de los funcionarios de los primeros niveles de la actual administración, todo indica que los head hunters de los que se valió el Presidente supuestamente para seleccionar a los mejores hombres y mujeres de este país, no hicieron bien su trabajo.

Por otro lado, es cierto que es bastante difícil deshacerse de un plumazo de los fardos y las inercias negativas del pasado. El autoritarismo político que caracterizó a los regímenes prisitas, plagados de prácticas antidemocráticas, de injusticias a granel, de violaciones a los derechos humanos, de represión y más represión, de intolerancia, de sumisión y servilismo, entre otros procedimientos, no sólo condicionó las acciones de los que entonces detentaban el poder, sino también hizo impacto en las mentalidades y las prácticas políticas de los adversarios, y hasta de amplios sectores de la sociedad.

Hoy sigue prevaleciendo la cultura de la suspicacia, la incredulidad, la sospecha, la falta de voluntad para llegar a acuerdos, las posiciones maniqueas e intolerantes, las descalificaciones y denuestos, la equiparación de la negociación con la transacción, posiciones todas que riñen con la democracia y exacerban las contradicciones sociales. Hay razones históricas que explican estos comportamientos, pero más nos vale que las rebasemos, antes de que los tiempos nos alcancen, como parece que ya está ocurriendo.

La sociedad civil tiene que desempeñar el papel más relevante de todos, que consiste en convertirse en dínamo de los cambios sociales. Es doblemente importante esta gran tarea. En primer término, porque es en la acción política donde se construye a sí misma, como sociedad civil crítica, participativa y propositiva, y en segundo porque hay que hacer los cambios necesarios que no han querido o no se han atrevido hacer los que componen el llamado círculo rojo. Lamentablemente contamos con una clase política de muy bajo perfil, dada más a las mezquindades y a la defensa de sus grandes o pequeños cotos de poder intra y extra partidarios, que a la defensa de los intereses de las mayorías, y avocada a resolver las grandes cuestiones nacionales.

El Poder Ejecutivo no ha podido negociar sus iniciativas con el Legislativo, sea por incapacidad, por empecinamiento, por el desaseo político a la hora de cabildear, porque no ha logrado entender la dinámica de la pluralidad, o por otras razones que no enumeramos para no ser innecesariamente prolijos. Por su parte el Congreso no acierta a asumir el rol de un verdadero Parlamento, y se debate en la politización extrema de la mayoría de los asuntos que trata, en confrontaciones pueriles entre las fracciones parlamentarias, en divisiones al interior de las fracciones, en la política exclusionista del todo o nada, en protagonismos exacerbados, y hasta en dimes y diretes que no vienen al caso.

El desempeño del Poder Judicial ha sido algo mejor, en particular en lo que respecta a la actuación de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, pero el resto del sistema de procuración de justicia está plagado de corruptelas, burocratismo, vicios al por mayor y violaciones flagrantes a los derechos humanos.

En suma, parece que la alternancia nos pilló con los dedos en la puerta, y cuando se requería hacer esfuerzos descomunales para dejar atrás los vicios del viejo régimen a fin de impulsar la democracia, de hacer otro tanto con sistema de pesos y contrapesos entre los Poderes de la Unión, con el federalismo, además de iniciar el largo y difícil camino de cambio de mentalidades, de pronto no supimos cómo reaccionar, unos porque pudiendo hacer los cambios no han tenido voluntad para llevarlos a cabo, y otros por mantenernos expectantes, por la costumbre inveterada de dejar la cosa pública en manos de los políticos, o porque las acciones no han sido suficientes para suscitar cambios de fondo.

A pesar de todo, la geografía política del país ha ido cambiando. No podía ser de otra manera, en especial si consideramos que los esfuerzos de apertura democrática promovidos institucionalmente han consumido más de un cuarto de siglo, desde la época de la reforma electoral promovida por Reyes Heroles, cuando que en otros países los cambios más importantes y de mayor profundidad se han hecho en periodos significativamente más cortos.

Hoy contamos con gobernadores del PRI –la mayoría-, del PAN y del PRD. También el Partido Revolucionario Institucional sigue gobernando en la mayoría de los municipios del país, pero los otros dos partidos han tenido avances innegables. En estricto sentido, ya nadie se puede llamar oposición.

Las elecciones del año pasado se caracterizaron por el desencanto popular frente a la pobrísima actuación de la clase política mexicana, con excepciones de por medio, manifestándose a través del porcentaje de votación más bajo de todas las elecciones federales intermedias habidas hasta la fecha. Poco falta para que los mexicanos, emulando a los argentinos, les digamos a los políticos que se vayan todos. Obviamente no estamos a favor de que esto suceda, pero es imprescindible que se cambien las formas, los usos y las costumbres de hacer política en este país, para evitar que siga en ascenso el desprestigio de los políticos y hasta de la política misma, y por supuesto para no caer en la anomia y la anarquía sociales.

Hay una nueva correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados porque el PRD alcanzó casi el doble de las curules que tenía en la legislatura anterior, el PAN perdió una cantidad importante de ellas y el PRI también vio disminuir su número de curules, aunque sigue siendo, y por mucho, la fracción mayoritaria de esa Cámara. Los sufragantes nuevamente no le dieron la mayoría absoluta a ninguna de las tres principales fuerzas políticas, lo que manda el mensaje de que el pueblo de México quiere que dichas fuerzas acuerden para resolver los problemas ingentes de la nación en beneficio de las mayorías.

En los últimos meses el panorama político ha cambiado. Al interior del PRI existe una gran división, la que eventualmente puede generar desprendimientos y escisiones, y de todos son conocidas las causas de fondo de esta división: el zafarrancho que escenificó la fracción de ese partido por las diversas posturas adoptadas en torno a la reforma fiscal, el desconocimiento de la líder de esa fracción y la imposición madracista de otro, la lucha sin cuartel entablada entre los partidarios de Madrazo y los de Elba Esther, el protagonismo que han tenido algunos gobernadores.

Hay indicios claros de que al final logrará imponerse Madrazo, un político corrupto, sin escrúpulos, ambicioso y sin el mínimo vestigio ético. También es claro que tiene el propósito de regresar al pasado, a las épocas del dominio casi absoluto del PRI, la antidemocracia y el poder omnímodo del Presidente. Mal haríamos en desdeñar, creyéndola improbable de concretarse, esta seria amenaza.

El PAN ha sufrido los desgastes de un gobierno emanado de sus filas que no ha dado el ancho, y sus tropiezos electorales ponen de manifiesto esta dura realidad. Dicho organismo tiene su clientela política en los grandes centros urbanos del país, con excepción del Distrito Federal, y entre los sectores de las clases alta, media y media baja. Sin embargo, en las más recientes elecciones locales perdió gubernaturas que creía aseguradas, y también en algunas de esas grandes ciudades.

Lo que antes se guardaba en secreto, ahora ha salido a la luz pública: también en el PAN se están dando fuerte batallas internas entre distintas fracciones, y el fenómeno inusitado del protagonismo de Martha Sahagún está haciendo mucho ruido.

El PRD logró recuperarse en las elecciones federales intermedias del 2003, pero no alcanzó los niveles de 1997, ni en el número de curules ni en el de votantes a su favor. Además, es un hecho que aún no ha logrado deshacerse de la mala imagen que tiene ante buena parte del electorado, ya sea a causa de políticas sistemáticas de desprestigio emanadas de las esferas oficiales y de sus contrincantes políticos, o bien porque no ha sabido combatir frontalmente la imagen que le han colgado como el partido del no, por errores crasos en sus elecciones intrapartidistas o por las divisiones internas, las cuales a veces parece que están a punto de engullirlo.

Es un hecho que el PRI sigue siendo el único partido que cuenta con una estructura que abarca todo el territorio nacional, y su presencia se hace sentir hasta en los rincones más apartados del país, pero con todo y eso sus niveles de votación han ido a la baja. En este sentido el PAN ha ido creciendo, es decir, en lo que hace a las estructuras organizativas, sin embargo está pagando los costos políticos de los desaciertos del gobierno federal, y de algunos malos gobiernos estatales y municipales emanados de sus filas. El PRD cuenta nominalmente con una estructura amplia, pero en los hechos no se ha convertido en un partido nacional porque su presencia política se reduce a 8 o 10 estados, que es de donde obtiene la enorme mayoría de sus votos.

Los tiempos políticos se adelantaron, y las elecciones del 2006, aunque todavía distantes, ya están a la vuelta de la esquina. Este fenómeno inusual se explica por varias razones. En primer lugar, por el enorme vacío político que se ha formado debido a la falta de liderazgo del Presidente Fox, a la ausencia de rumbo, al desgobierno, como nota más distintiva de su administración, y a que él mismo ha dado pie al enraizamiento de este fenómeno, dado su desinterés y desgana apenas disimulados, y a su deseo, consciente o inconsciente, de retirarse a la vida privada, que es el lugar de donde nunca debió haber salido. En segundo, porque la crisis económica, social y política del país se está agudizando, generándose con ello un malestar creciente de la sociedad civil, quien está demandando soluciones concretas para resolver los problemas que la agobian, y porque la sociedad ha percibido que el gobierno actual ya dio todo lo que podía dar -por cierto bastante poco- y, en último término, porque la competencia entre las principales fuerzas políticas está a la orden del día, como expresión clara de la falta de acuerdos y del clima de confrontación y rispideces prevaleciente.

Encuestas van y encuestas vienen sobre los índices de popularidad o sobre las preferencias electorales. Por ejemplo, la empresa GEA-ISA, que mes con mes hace estudios sobre el particular, precisamente en la encuesta sobre la popularidad de los presidenciables realizada en el mes de enero del presente año concluye que Andrés Manuel López Obrador va a la cabeza, con el 50%. Martha Sahagún le sigue en un distante segundo lugar, con el 24%, y Roberto Madrazo está todavía más rezagado, con el 12%.

Por su parte el Grupo Reforma, en la edición del lunes 23 de febrero del 2004, revela los datos de su encuesta nacional aplicada en las viviendas, pero esta sobre las preferencias políticas rumbo a la sucesión presidencial del 2006, realizada del 14 al 16 de febrero del año en curso entre 1510 mexicanos adultos. A la pregunta de ¿por quién votaría si los candidatos a la presidencia en el 2006 fueran Andrés Manuel López Obrador (PRD), Martha Sahagún de Fox (PAN) y Roberto Madrazo Pintado (PRI)?, el 39% de los encuestados optó por el primero, 23% por la segunda, 17% por el tercero, un 13% dijo no saber y el 6% no votaría por ninguno.

El voto por partidos, según el Grupo Reforma, para el mes de febrero del 2004 arrojó los siguientes resultados: PAN: 24%, PRI: 24%, PRD: 17%; Otro: 1%; no votaría: 6%; no sabe: 28%.

Aunque los propósitos y las metodologías de ambas encuestas son distintos, porque la primera se hace por teléfono y para indagar los índices de popularidad, mientras que la segunda se realiza en las viviendas y para conocer las preferencias políticas o la intención del voto, conviene hacer algunas reflexiones al respecto. La ventaja de Andrés Manuel es considerable, mas en el caso de la popularidad que en el de la preferencia electoral. Esto significa, a conciencia de que estamos diciendo una verdad de Perogrullo, que la popularidad y la preferencia electoral, si bien tienen mucho de común, no son exactamente lo mismo, y que la primera no se traduce, no se refleja o no se manifiesta axiomáticamente en la segunda, por lo menos no en la misma proporción.

Podría parecernos paradójico que el candidato que cuenta con el porcentaje más alto en las preferencias electorales provenga del partido que de los tres grandes es el que obtiene una votación menor. Pero no nos parece paradójico por dos razones: 1)Porque salvo los sectores de la población que conforman el voto duro de los partidos, que seguramente ha de ser mucho menor al resto de los sufragantes, en los últimos tiempos se ha impuesto la modalidad de votar más por la persona que por el partido, por las cualidades de los individuos que por la ideología y los programas de los institutos políticos, y a estas alturas es indudable que Andrés Manuel López Obrador tiene una buena imagen entre el público en razón de su forma austera, directa y franca de ser y de gobernar, y por los éxitos que ha conseguido en el ejercicio de la administración pública del Distrito Federal, no sin tropiezos ni contratiempos, y hasta de algunos errores; 2)porque el PRD no ha podido consolidarse como partido con presencia nacional, tanto en los rubros estructurales-organizativos como en la participación en los movimientos locales y en las preferencias electorales de los ciudadanos.

En la misma edición del Grupo Reforma se publica una gráfica sobre el crecimiento de los porcentajes de intenciones de voto de Andrés Manuel. En junio del 2002 obtuvo el 21%, pero en febrero del 2004 ascendió al 38%, es decir, 17 puntos porcentuales más. Por su parte el PRD no ha rebasado el rango del 17% al 19%. Estas cifras abonan los comentarios hechos en el párrafo anterior.

Resalta la caída en los porcentajes de las preferencias electorales por el PAN, quien pasó del 29% en septiembre del 2003 al 24% en febrero del 2004. Por supuesto que este bajón es resultado del pobre desempeño de la administración de Fox, y de algunos gobernadores de extracción panista, y de la persistencia en afectar la economía de los hogares clasemedieros, pobres y miserables de este país a través de los intentos fallidos por gravar alimentos, medicinas, colegiaturas, etcétera.

El PRI pasó del 22%, también en septiembre del 2003, al 24% en febrero del 2004. Esto representa una ligera recuperación, pero comparado con el porcentaje de votación que obtuvo en las elecciones federales intermedias del año pasado, que fue del orden de los 35 puntos porcentuales, aproximadamente, la caída es notoria, y la recuperación reciente palidece. De hecho en el mes de diciembre del 2003, que era cuando se estaba discutiendo la reforma fiscal, el presupuesto de ingresos y la ley de egresos en la Cámara de Diputados, el PRI obtuvo el 22%, según el Grupo Reforma. Entonces, también es claro que los ciudadanos castigaron el triste espectáculo que dieron los priistas en la Cámara de Diputados.

Ciertamente el PAN y el PRI han caído de la gracia de muchos mexicanos, pero este acontecimiento político de enorme trascendencia no ha sido capitalizado por el PRD, quien se mantiene en los mismos niveles de preferencia. Y no se puede decir que no haya margen para crecer, pues de nuevo, de acuerdo a la encuesta del Grupo Reforma, el 28% de los encuestados dijo no saber por cuál partido votaría.

Está claro que la popularidad y las intenciones del voto por Andrés Manuel rebasan por mucho a las del PRD. Este instituto político no ha salido indemne de la crisis que caracteriza a los partidos en México y de muchos países del mundo, y a la misma crisis de las instituciones políticas y de los políticos, quiens han caído en el descrédito, ganándose a pulso la desconfianza de los mexicanos.

Los partidos políticos, enfrascados en luchas encarnizadas por el poder y en divisiones internas que parecen no tener fin, han hecho a un lado, unos más otros menos, los objetivos que les dan sentido y razón de ser, que son justamente los de representar los legítimos intereses de los ciudadanos, el procesamiento de las demandas de éstos y la formulación y ejecución de planes y programas que resuelvan las pequeñas, medianas y grandes cuestiones nacionales en beneficio de las mayorías del país. Por el contrario, cada vez están más distantes de las aspiraciones, deseos y anhelos de los mexicanos.

Es cierto que el régimen de partidos se ha ido consolidando, en especial si hacemos comparaciones con el pasado reciente, pero todavía persisten una serie de inercias y fenómenos políticos disruptivos que ponen en peligro ese proceso de consolidación. Además los que por muchos años hemos estado impulsando la democratización de todos los espacios políticos, sociales y aún de los económicos de la sociedad, lo hemos hecho también para que ese régimen se fortalezca, pero no para que los partidos se divorcien de la sociedad, sino para que la acompañen en sus justas y legítimas aspiraciones de cambio.

Contamos con una democracia bastante frágil, y el clima enrarecido de confrontación y de falta de acuerdos entre los principales partidos políticos, aunado a la exclusión de amplios sectores de la sociedad civil respecto de la toma de decisiones, en nada ayuda al fortalecimiento de la democracia.

Ciertamente hay signos alentadores por el lado del surgimiento de nuevos movimientos sociales de diversa índole que están dando luchas de corte reivindicativo, pero también por la defensa de los derechos humanos, del medio ambiente, a favor de una mayor participación de la mujer en todos los espacios de la vida nacional, en pro de los migrantes, por acceder a esquemas y formas de democracia participativa, por mencionar algunas de las banderas más importantes, y un signo característico de la mayoría de estos movimientos es que se gestan, se desarrollan y actúan al margen del radio de acción de los partidos políticos por la desconfianza que, como ya lo dijimos, se han ganado a pulso.

También hay signos de alarma que refieren la posibilidad, para nada improbable, de que los personeros del viejo sistema se vuelvan a hacer del poder con el fin de echar la rueda de la historia hacia atrás. La dirigencia priista es, sin duda, una de las más reaccionarias e inmorales, políticamente hablando, de los últimos tiempos, y se ha propuesto volver a la silla presidencial a como de lugar. Sabemos que esa es la ambición de Madrazo, y no cejará en su empeño hasta lograr su objetivo, caiga quien caiga, y suceda lo que suceda, pues incluso no tendría empacho en llevarse al país entre las patas.

No podemos permitir que lo que hemos avanzado en materia de democracia, por poco o mucho que sea, se eche por la borda, entre otras razones porque nos ha costado sangre, sudor y lágrimas llegar hasta aquí, como diría Churchill, y porque la democracia, todavía incipiente en nuestro país, nunca dejará de ser imperfecta, pero es la forma de gobierno menos imperfecta que hayamos inventado los seres humanos.

Hemos avanzado en la democracia electoral, más en el ámbito de las elecciones federales que de las locales. Pocos son los pasos que se han dado en la línea de avanzar desde la democracia representativa hacia la democracia directa, a través de incentivar la participación de los ciudadanos mediante los expedientes democráticos de la rendición de cuentas, la iniciativa popular, la revocación del mandato, el plebiscito, el referéndum, la transparencia en el ejercicio de las funciones públicas, etcétera. Pero, ¿cómo pueden gestarse estos avances si los agentes políticos que toman las decisiones, gobernantes incluidos, han desperdiciado los tres años siguientes al inicio de la alternancia política en querellas y pleitos de muy baja estofa, que no en debates de altura a partir de la confrontación juiciosa y analítica de diferentes proyectos de nación, y porque muy probablemente muchos no están dispuestos a impulsar ese proceso, ya sea porque no crean en él, o porque no están dispuestos a deponer sus intereses personales o de grupo, ni a compartir los espacios de poder, cuando lo que realmente requiere el país es precisamente el empoderamiento (perdón por el anglicismo) de la sociedad.

También es cierto que no le debemos pedir a la democracia más de lo que puede dar, porque si la cargamos de expectativas, como ocurrió durante la campaña de Vicente Fox, se corre el riesgo de alentar el desencanto de los ciudadanos quienes, al no ver cumplidas sus expectativas, pueden llegar a apoyar gobiernos autoritarios, si éstos les ofrecen soluciones a sus problemas económicos. El malestar social es el caldo de cultivo de las movilizaciones sociales para el cambio, pero también de personajes autoritarios y de asonadas golpistas.

A este respecto, cito una parte del artículo de José Woldenberg titulado “El deterioro de la política”, aparecido en el periódico Palabra el jueves 19 de febrero del 2004:

“Las luchas por la democracia, al parecer, despertaron una gama de ilusiones que iban más allá de las metas razonables que la democracia puede alcanzar. O para decirlo de otra manera: la democracia, como forma de gobierno, ayuda a resolver dos problemas medulares de toda sociedad masiva y compleja, la construcción de una fórmula legítima para elegir gobernantes y la edificación de un espacio que permita la coexistencia y competencia de la pluralidad política que la cruza. No obstante, nunca faltaron los discursos que hacían de la democracia una especie de tierra prometida donde por arte de magia los problemas serían resueltos. La democracia aparecía como un sombrero de mago capaz de desterrar no sólo los métodos autoritarios de gobernar sino además la pobreza, la marginación, el atraso, la tontería. Sobra decir, por qué esa sobreoferta no puede causar sino desencanto”.

No le exijamos a nuestra incipiente democracia cosas que caen fuera de su competencia, pero tampoco menos. Por ejemplo, al olvidarse el tema de la Reforma del Estado (a pesar de que existe un mayor equilibrio entre poderes, el cual por otra parte no ha sido bien utilizado, cayéndose en la confrontación y en las descalificaciones, cuando lo que se esperaba es que éstos asumieran en forma madura sus responsabilidades e inauguraran una etapa de negociaciones políticas de altos vuelos), el Ejecutivo no ha sido acotado, de tal suerte que sigue gozando de ciertas facultades metaconstitucionales, y el Poder Judicial se ha resistido al cambio.

Cómo es posible, pongamos por caso, que en este país las instancias de investigación de los delitos sigan dependiendo del Poder Ejecutivo. Sobra decir que muchos de los que delinquen están adentro y no se investigan a sí mismos, por eso la impunidad es increíble.

En los últimos tiempos La Suprema Corte de Justicia de La Nación ha dado una serie de fallos de gran trascendencia, marcando su distancia respecto del Poder Ejecutivo, quien antes acostumbraba imponer por la vía de los hechos a los magistrados y decidir en última instancia el sentido de los acuerdos que tomaba este órgano judicial supremo. Tal avance no es desdeñable, pero desmerece si lo contrastamos con la enorme corrupción que existe en el sistema de impartición de justicia del país, y en las instituciones que están precisamente para eso, para hacer justicia, dominadas todavía por muchos jueces de diferentes niveles que medran con sus puestos. Esto también es parte de la concepción patrimonialista del poder.

Como se ve, en el terreno federal las cosas no marchan bien, pero a nivel de los estados el panorama es más desalentador. Es cierto que el poder omnimodo del viejo sistema se resquebrajó, pero en buena medida solo para particionarse en los estados, con vistas a su preservación.

No habiendo un poder central, o más concretamente, un Presidente todopoderoso, los gobernadores de los estados han cobrado relevancia. Este proceso de desconcentración del poder es de signo positivo, pero igual puede acarrear consecuencias negativas, en dependencia directa con la vena más o menos democrática, o más o menos autoritaria de los gobernantes de las entidades federativas.

Algunos gobernadores, entre ellos el de Coahuila, están moviendo sus piezas para conquistar la candidatura presidencial. Esto se observa sobre todo en el PRI, pero las posibilidades de que alguno de ellos se salga con la suya son muy remotas porque siendo Madrazo como es, estamos absolutamente seguros que se valdrá de todo, tanto de lo legal como de lo ilegal, pero más de lo segundo que de lo primero, para ganar la candidatura de su partido.

En Coahuila hubo ciertos avances en la geografía política en las elecciones del año pasado respecto de las elecciones del 2000. El PAN ganó la alcaldía de Torreón y de otros municipios, y el resto de partidos de oposición también ganaron en algunos municipios, pero el PRI sigue dominando en la mayoría de los municipios del estado, y también goza de una amplia mayoría en el Congreso local.

Aquí no hay división de poderes, porque los diputados y los jueces obedecen las órdenes disfrazadas de sugerencias que provienen de las oficinas del gobernador, y en muchas ocasiones ni siquiera se cuidan las formas ni se atiende al decoro político, porque cuando se ordena, simplemente se ordena, y ay del mortal que se atreva a contradecir. A la oposición se le oye, pero no se le hace caso, y frecuentemente ni se le oye ni se le hace caso.

El gobernador es el gran legislador. Es él quien manda al Congreso las iniciativas de reforma a las leyes, a la Constitución estatal, el presupuesto de egresos, entre otras, y los diputados priistas las aprueban por la vía aplastante del mayoriteo. Además los legisladores de oposición carecen de luces y de decisión política para debatir a fondo las propuestas gubernamentales, y lo más triste es que no tienen los arrestos, y tampoco demuestran interés ni tienen voluntad política para hacer propuestas de fondo que tomen en cuenta las necesidades sentidas de los ciudadanos.

La oposición de derecha representada por el PAN ha obtenido victorias sobresalientes en elecciones pasadas, llegando a gobernar las ciudades más importantes del estado. Sin embargo su desempeño al frente de las administraciones municipales, contando las excepciones, han sido francamente deficientes, y su enfoque gerencial de enfrentar los problemas sociales y económicos ha pasado sin pena y sin gloria. Por si fuera poco, al interior de este partido las divisiones van en aumento, de cara a las elecciones del 2005.

Si de divisiones hablamos, no hay quien le dispute el primer lugar al PRD. No podemos dejar de lamentar esta situación porque estamos ciertos que si de alguien deben proceder las propuestas de cambio y las iniciativas de transformación política, social y económica para mejorar las condiciones de vida de las mayorías e impulsar todas las formas de participación democrática de la sociedad civil, además del respeto a los derechos humanos, es precisamente de la izquierda. Pero mientras las diferentes grupos y corrientes de este partido sigan debatiéndose en pleitos estériles, en luchas intestinas y en reyertas interminables por hacerse de cotos minúsculos de poder, o por tajadas más o menos jugosas que derivan del acceso a puestos de elección popular, así sea por la vía plurinominal, este partido seguirá sumido en la antropofagia política, antes que constituirse en una verdadera alternativa de cambios democráticos, y en un organismo vivo, actuante y verdaderamente representativo de los intereses de las mayorías. En el pecado ha llevado su penitencia, de ahí que en las últimas elecciones haya caído hasta un deshonroso cuarto lugar.

Si las cuestiones políticas se mantienen como hasta ahora, si los grupos y cuadros más participativos de la sociedad civil no buscan formas de aglutinación con el fin de sumar fuerzas para hacerse oír, si las oposiciones no salen de la mediocridad en la que se encuentran, entonces las elecciones del 2005 las ganará el PRI, y probablemente por márgenes muy amplios, o tal vez no tan amplios, dependiendo de su desempeño a nivel nacional, y de lo bien o mal que le vaya en las elecciones que se realizarán en 14 estados durante este año, y en las que tendrán lugar en el próximo.

Por razones históricas, por otras coyunturales y hasta por cuestiones de mentalidades, no es concebible que la oposición pueda ganar la gubernatura en las elecciones del 2005, pero sí puede hacerse del gobierno de más municipios, o aumentar su representación en el Congreso. Hay probabilidades de que esto ocurra por dos vías que no son excluyentes: 1)Que el desprestigio del PRI a nivel nacional siga avanzando, lo mismo que sus problemas de división interna, incluso hasta el punto de que se produzcan desprendimientos, lo que afectaría la imagen de ese partido a nivel local y, 2)que la oposición salga de su letargo y se active políticamente, en diálogo directo con la sociedad civil, y mediante la elaboración de propuestas y programas de gobierno que recojan las demandas más sentidas de la población coahuilense, además de acompañar, o en su caso impulsar movimientos sociales en todos los rincones del estado.

Sería bueno que se diera la convergencia de los dos elementos anteriores, pero como están las cosas hasta el presente, y considerando la mediocridad manifiesta, y además reiterada de muchos opositores, lo más probable es que los avances se produzcan por el lado de las influencias nacionales. Tal vez somos muy rigoristas en nuestras apreciaciones, pero no vemos indicios claros de que la situación sea diferente a cómo la hemos descrito.

Por otra parte, es casi un axioma afirmar que el estado que guarden los asuntos económicos y políticos de cualquier país influye directa o indirectamente en las relaciones sociales. Si hay estancamiento económico, y la población percibe pocas posibilidades de mejora en sus condiciones de vida, sumado a la involución de las cuestiones políticas fundamentales y a la falta de acuerdos entre los principales agentes con capacidad de decisión, entonces no debería extrañarnos que se estén dando una serie de fenómenos sociales disruptivos y anómicos, dislocadores de las estructuras de la sociedad, y que en varias regiones del país los tejidos sociales se estén rompiendo.

La corrupción, problema endémico y añejo, ha corroído a la mayoría de las instituciones públicas, pero en especial a las que tienen que ver con la impartición de justicia y la seguridad de los ciudadanos, y también con el manejo del erario público. Qué otra cosa sino corrupción, y en este caso descomunal, fue el magnofraude del Fobaproa, ahora del IPAB. Según los entendidos en la materia, la corrupción genera ganancias mal habidas de por lo menos cien mil millones de pesos por año. No en balde México es considerado uno de los países más corruptos del mundo, en su mayoría auspiciada –hablamos de la corrupción- por quienes deberían prevenirla, evitarla, o castigarla cuando ocurra. Entonces, la cultura de la corrupción ha echado profundas raíces en suelo mexicano, y por supuesto muchos ciudadanos han sido inoculados con ese virus.

En materia de derechos humanos todavía siguen presentándose situaciones intolerables, a pesar del arduo esfuerzo que desde varios lustros han estado haciendo las organizaciones sociales en pro del conocimiento ciudadano en la materia, la difusión y el respeto de estos derechos, y también para castigar a quienes hayan incurrido en prácticas violatorias. Por su parte los gobernantes se resisten a crear comisiones con respaldo constitucional no sólo para expedir recomendaciones, o para exhibir públicamente a quienes las desacaten, sino para dotarlas de facultades vinculatorias a fin de que puedan iniciar procesos de inculpación.

Lo que está sucediendo en Ciudad Juárez, donde han matado o desaparecido a cerca de 400 mujeres, escandaliza la conciencia, hace trizas los principios éticos fundamentales de la convivencia social y hiere profundamente la condición de humanidad que nos distingue del resto de los seres vivos. Dos sentimientos se imponen frente a estos hechos incalificables: la solidaridad con las víctimas y sus familiares, junto al reclamo de justicia pronta y expedita, y la indignación por la abulia, la apatía, el dejar hacer y dejar pasar, y probablemente hasta la connivencia de las autoridades.

Las muertas de Ciudad Juárez pone al descubierto el machismo exacerbado, la discriminación y la misoginia de muchos quienes desde hace bastante tiempo debieron tomar cartas en el asunto, no para culpar a chivos expiatorios, sino para dar con los verdaderos autores intelectuales y materiales de esos crímenes y procesarlos con todo el rigor de la ley.

Lo que en 1968 era motivo de peligro por ser joven y estudiante universitario, ahora el peligro, y peligro de muerte, viene por el lado de ser mujer, joven, empleada de maquiladora o empleada en los puestos más bajos de cualquier empresa o negocio, y sobre todo de condición humilde. Ciertamente ningún crimen se justifica, pero nos preguntamos qué habría pasado si las víctimas hubieran sido de las colonias prominentes de San Pedro Garza García, Nuevo León, el municipio más rico del país. Muchas veces la justicia no sólo es lenta, sino terriblemente discriminatoria, y a fin de cuentas, justicia que discrimina no es justicia.

Pero lo que está sucediendo en Ciudad Juárez también está ocurriendo en otras partes del país, y los periódicos llenas sus páginas con noticias sobre desapariciones y asesinatos de mujeres. Algo muy de fondo debe estar ocurriendo que tiene que ver con el entrecruzamiento de varios factores, entre los cuales estarían la impunidad, la banalización del Estado de Derecho, el desacato de las leyes, la abulia y el desinterés criminales de las autoridades, la intolerancia, la discriminación, y probablemente una suerte de reacción patológica de un machismo desbordado que se resiste a aceptar los roles de mayor participación que las mujeres de este país están empezando a tener, lo cual por lo demás no es producto de la graciosa concesión de nadie, sino de las luchas sociales y políticas que las mismas mujeres han dado en muchos frentes. Todavía nos parece inconcebible, por absurdo y aberrante, además de tremendamente injusto, que a las mujeres mexicanas se les haya otorgado el derecho al voto hasta 1953. Pero qué más se podía esperar, si grandes filósofos como Aristóteles opinaban que la mujer no era otra cosa que un hombre deformado.

Aún se sigue practicando la tortura para obtener la confesión de personas inocentes, y también de las culpables. Los atropellos a la dignidad humana, a la integridad física de las personas y la violación de las garantías individuales son cosa de todos los días.

El fenómeno migratorio viene de mucho tiempo atrás, pero últimamente se ha intensificado, en particular a partir de la firma del TLCAN, pero siendo más precisos, es un hecho que la migración hacia el norte se disparó a partir de que los gobernantes latinoamericanos se avinieron gustosamente al modelo neoliberal, provocando un empobrecimiento todavía mayor de amplias capas de los pueblos de nuestro subcontinente.

Como ya lo dijimos en otra parte de este escrito, el TLCAN ha resultado positivo para algunos, y negativo para la mayoría del pueblo mexicano. Oleadas de centroamericanos, también de personas que vienen del cono sur, y por supuesto de connacionales emigran hacia los Estados Unidos y Canadá, pero en el trayecto de ida, y cuando son rechazados, igualmente de venida, son objeto de toda clase de vejaciones, de maltratos inhumanos, de explotación y robo de sus pertenencias y de diversas prácticas conculcatorias de sus derechos más elementales, sin faltar las víctimas de homicidios.

En México, por ser tierra de paso obligado de los migrantes, este asunto está adquiriendo tintes escandalosos, y hasta el presente los esfuerzos de las autoridades no han estado a la altura del drama humano que se produce día a día, por lo que muchas organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos se han dado a la tarea de atender con urgencia la diversidad de problemas derivados del fenómeno migratorio, además de las labores que desempeñan en los campos de las denuncias públicas, el estudio concienzudo de esta dura realidad y la presión creciente a los gobernantes para que resuelvan de fondo los problemas.

A propósito de migrantes, es vergonzoso que el gobierno de Fox festine el aumento de las remesas que los mexicanos que viven en los Estados Unidos envían a sus familiares, cuando esos compatriotas se vieron obligados a irse, separándose de sus seres queridos, porque su país no les ofrecía otra cosa que miseria, hambre y desolación, y porque algo tenían que hacer para respaldar la economía de sus familias, ante la dejadez de aquellos a quienes eligieron para que gobernaran en función del bien de los mas, no de los menos.

El crimen y la delincuencia organizada han superado, y por mucho, la capacidad de las autoridades para combatirlos. En algunas regiones del país se han formado subculturas del narcotráfico donde desde una perspectiva de la inversión de los valores, los narcotraficantes son apreciados socialmente, entre otros motivos porque parte de las enormes sumas de dinero mal habido de las personas que se dedican a esta actividad ilícita se derrama hacia familias y grupos cercanos a ellas, e incluso esa inyección de dinero constituye un agente dinamizador de economías muy localizadas, que de no ser por eso estarían sumidas en la inopia y el abandono. Obviamente no se trata de hacer la apología del narcotráfico, pues sería impropio llegar a tanto, sino simplemente de apreciar objetivamente realidades, por más crudas y perturbadoras que sean.

Ante la inoperancia de las autoridades, la lucha a muerte entre los cárteles de la droga mantiene en vilo a varias regiones del país. Las ejecuciones y el ajuste de cuentas de narcotraficantes ocurren todos los días, ya sea en Sinaloa, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Baja California, como en otros tantos estados del país. Por si esto fuera poco, ha quedado al descubierto redes de complicidad entre los traficantes de drogas y algunos personajes importantes, y otros no tan importantes, empleados de las mismas dependencias federales que se suponen tienen el cometido de combatir dichos ilícitos.

Se ha vuelto costumbre que oficial que despiden, porque a alguien hay que despedir, por haberse descubierto sus vínculos con el narcotráfico, pasa a formar parte de cualquiera de estas organizaciones que asolan a la nación, llevándose consigo toda la información que se convierte en oro molido para los facinerosos. Pareciera que los servicios de inteligencia de los narcotraficantes son más efectivos y sofisticados que los de las autoridades, pero de lo que no podemos decir pareciera, porque es un hecho, es que aquéllos cuentan con más recursos económicos que éstas, y con el dinero vienen más y mejores armas, compra de informantes, infiltración de las instituciones, logísticas más depuradas y mayor capacidad de movilización para escabullirse del asedio de los supuestos o reales -según sea el caso- servidores públicos encargados de combatir este tipo de actividades.

La industria del secuestro ha sentado sus reales en nuestras tierras. Las bandas de secuestradores, algunas de las cuales incluyen a agentes policíacos o expolicías, se han vuelto menos selectivas, porque antes secuestraban casi únicamente a hombres y mujeres adinerados, pero ahora lo mismo pueden secuestrar a un empresario prominente que a un profesionista que vive de su trabajo, o a un estudiante clasemediero.

Los secuestros exprés y los robos a transeúntes, casas o a personas que conducen sus automóviles se han elevado como la espuma, y las autoridades no dan pié con bola, ya sea porque no se esfuerzan lo suficiente, o porque cuando lo hacen, justamente sus esfuerzos resultan infructuosos para combatir frontalmente la delincuencia, de tal suerte que se conforman con informar que ésta ha bajado algunos puntos, y además lo hacen con bombos y platillos, cuando la percepción social es totalmente la opuesta.

La inseguridad pública que padecemos muchos ciudadanos que vivimos en este país, en particular en las ciudades medias, grandes y en las metrópolis, se ha convertido en el pan de cada día, y la enorme mayoría que la sufrimos de una o de otra manera, no podemos darnos el lujo de irnos del país para residir en Miami, a fin sacarla de nuestras vidas. Es por esto que cuando se les pregunta a los ciudadanos sobre cuáles son sus principales problemas, invariablemente el de la inseguridad aparece en los primeros lugares, junto a la falta de empleo y a otros que ponen de manifiesto sus necesidades más sentidas.

El mapa del país se ve salpicado de conflictos y movilizaciones sociales de todos los tipos, como expresión clara y contundente de la inconformidad de los ciudadanos, del deterioro de sus condiciones de vida y de la incapacidad de los gobernantes para atender a tiempo las demandas de fondo. Por supuesto que en un Estado de Derecho no se justifican las invasiones de predios privados, la toma de las vías públicas, el uso de la violencia, hacerse justicia al margen de las leyes, y de esto ha habido mucho en lo que va de la actual administración, pero las movilizaciones disruptivas y perturbadoras del orden social podrían evitarse si quienes toman las decisiones para resolver problemas sociales efectivamente lo hicieran, pero en tiempo y forma, y siempre en función de la premisa de garantizar el cumplimiento de las leyes, sin que esto vaya en desmedro de los derechos humanos.

El conflicto chiapaneco no se ha resuelto, no porque no lo hayan querido los zapatistas sino porque el Ejecutivo federal no se empeñó lo suficiente para hacer aprobar la iniciativa de la COCOPA. Mientras tanto el EZLN sigue adelante con su proyecto político de darle autonomía a los pueblos que están bajo su jurisdicción, lo que en estricto sentido constituye una irregularidad constitucional, pero de qué otra forma podían proceder si la máxima tribuna de la nación canceló, que es el Congreso de la Unión, la posibilidad de formar gobiernos autónomos a través de los usos y costumbres de los pueblos creyendo, indebidamente, que dicha atribución podría degenerar en el desmembramiento de la Federación.

Mientras tanto el Ejército sigue hostigando sistemáticamente a las comunidades zapatistas, y también sigue adelante con la estrategia de extremar su aislamiento para que su ejemplo no cunda a otras comunidades. Sin embargo estos esfuerzos están resultando infructuosos porque no han conseguido acabar con el apoyo popular que tiene el EZLN, en particular en la región de los altos de Chiapas, y porque ya en otras partes del país empiezan a darse movimientos autonómicos de pueblos y comunidades, sobre todo en aquellos donde predomina la población indígena.

Por desgracia las condiciones económicas y sociales de los más de diez millones de mexicanos que integran las 56 etnias del país han ido de mal en peor. Cualquiera hubiera esperado que esas condiciones mejoraran después del levantamiento zapatista del primero de enero de 1994, y después de los ulteriores acontecimientos políticos derivados de ese levantamiento, pero nuestro país es bastante sui géneris en más de un sentido. Al gobierno actual únicamente se le ocurrió crear una oficina especial de atención a la población indígena del país, que es un puesto bastante menor.

Si las condiciones de vida de la población indígena en general son pésimas, las de las mujeres y los niños son aún peores. Al margen de idealizaciones de las etnias, debe reconocerse que al interior de muchos pueblos indígenas persisten tradiciones que discriminan a las mujeres, y aún existen prácticas atávicas denigrantes, de tal suerte que las mujeres indígenas, pero también los niños, no sólo son los más pobres, sino los más vejados y ofendidos.

La mendicidad ha crecido en forma exponencial. Los niños de la calle se cuentan por miles, lo mismo que los vendedores callejeros de toda clase de chácharas, los limpiaparabrisas, los tragafuegos, etcétera. Ya han dejado de ser únicamente parte del panorama de las ciudades del país (por cierto la parte que según algunos afea las ciudades, y que por lo mismo debe barrerse para echarla debajo de la alfombra), para constituirse en un verdadero problema social. Sin falsos dramas de por medio, no nos extrañaría que un día aparecieran escuadrones de la muerte que tuvieran por cometido el exterminio de estos seres humanos desposeídos de todo, pues finalmente no son mas que parte de la población prescindible que no tiene vela en el entierro en el festín del neoliberalismo.

A la melancolía característica del mexicano, de la que en un tiempo hablaron autores como Samuel Ramos y Octavio Paz, por mencionar a algunos, apenas disimulada por el sentido del humor aparentemente festivo, el albur y la ligereza con la que se toma la vida, se han sumado una serie de procesos sociales disruptivos como la desintegración familiar, la drogadicción, el alcoholismo que va en ascenso, el rebrote de enfermedades que se creían erradicadas, la pandemia del SIDA, las fallas y carencias en las instituciones públicas de salud, el crecimiento de la población sin cobertura institucional, ya sea para pensiones, jubilaciones o para recibir los servicios médicos, siquiera los más elementales.

De ahí que las mayorías estén desencantadas, que desconfíen de la política y de los políticos (con la clase de políticos que tenemos, hechas las excepciones, quién no desconfía), que prevalezca un ambiente tenso de crispación, malestar e inconformidad, pero también de frustración ante la falta de horizontes claros. Sin embargo, no todo está perdido porque aún hay miles, millones de mexicanos que están dispuestos a remangarse la camisa para trabajar por el bien del país, y en particular para mejorar todos los índices de bienestar social de las mayorías, siempre y cuando encuentren o construyan alternativas viables de participación política y social.

Parafraseando a Carlos Fuentes, alguna vez este escritor dijo que cuando todo falla, cuando parece que nos está yendo mal en lo económico, político y social, cuando incluso parece que el rostro se nos está velando, es la cultura y siempre la cultura la que viene en nuestro auxilio porque nos da identidad, y porque impide que los procesos dislocadores de las relaciones entre los individuos, los grupos y entre los ciudadanos y los gobernantes terminen por destruir el tejido social.

Cuando se discutía acerca de la posibilidad de firmar un acuerdo de libre comercio entre México, los Estados Unidos y Canadá, allá por los años de 1992 y 1993, se realizaron muchos encuentros, seminarios y reuniones con el objeto de analizar las conveniencias y las inconveniencias, las causas y los efectos, y uno de los temas que levantó más ámpulas fue precisamente la cuestión de la cultura.

Había posiciones de todos los tipos, que iban desde aquellos que se oponían a cualquier acuerdo porque eso acarrearía prácticamente la destrucción de nuestra cultura y, en consecuencia, la pérdida de la identidad nacional. Otros sostenían posiciones más moderadas, aduciendo que la influencia iba a ser recíproca, aunque con un claro predominio de la cultura del american way of life. Hubo otros que se pronunciaron abiertamente a favor, bajo el argumento de que las culturas se enriquecen cuando se abren al intercambio, a la heterogeneidad en los estilos de vida, y que la cultura milenaria de México era fuerte y vigorosa, de tal suerte que sería imposible que sucumbiera ante la avalancha de procesos de inculturación que vinieran del exterior. Además, se decía, ¿qué no estamos influenciando los mexicanos a los norteamericanos, a través de las costumbres y formas de expresión culturales de los millones de paisanos que radican allende el río Bravo? Se argumentaba también que ciertamente era necesario preservar lo más valioso de nuestras tradiciones, costumbres y manifestaciones culturales, pero sin caer en la autarquía cultural, porque cultura que se cierra en sí misma, cultura que perece tarde que temprano.

A poco más de diez años de distancia podemos hacer una evaluación de lo que ha ocurrido, aunque sea bastante general y somera, dado que este tema en particular no constituye el objetivo primordial del presente documento.

Aunque suene muy pedestre, podemos decir que ha habido de todo: de chile, de dulce y de manteca. Las élites económicas y políticas de este país, pero sobre todo las primeras, se han extranjerizado más de lo que ya lo eran hasta antes de que entrara en vigor el TLCAN. Han adoptado los estándares homogenizados de la cultura norteamericana, que por lo demás no es algo característico y exclusivo de México, porque esa homogenización se ha ido imponiendo en muchos otros países, incluso en algunos altamente desarrollados, los cuales ciertamente ha ofrecido más y mayores resistencias, pero sin obtener grandes resultados.

Sin embargo, siendo objetivos, no se puede afirmar que la adopción de usos y costumbres de la cultura hegemónica se haya traducido en la pérdida absoluta de los valores de nuestra cultura. En realidad se están gestando nuevos procesos de sincretismo cultural, con predominancia de la cultura norteamericana, los cuales demandan estudios más acuciosos.

Las clases medias, eternas aspirantes a subir en la escala social, también han sido influenciadas por algunos valores, e igualmente por antivalores de la cultura norteamericana. Muchos de quienes las conforman tienen acceso a programas televisivos del país del norte a través de los sistemas de cable o de los satelitales. El cine que ven es en un 90% cine norteamericano. Las prendas que usan son en su mayoría de marcas estadounidenses, pero últimamente menos, porque los productos chinos han inundado el mercado nacional. El acceso a Internet, aún a tasas limitadas de usuarios, incluso comparándonos con países latinoamericanos, abrió las posibilidades de obtener información de lo más variada, la mayorìa en inglés.

Sin embargo los sectores medios de la población han sabido y están sabiendo de los rigores de la pauperización de sus estilos de vida, de tal suerte que no han contado con los medios que les permita consumir una gran cantidad de productos culturales del extranjero. Por lo demás, el español, a pesar de los anglicismos, o precisamente a causa de ellos, no ha perdido su vigor, y no obstante que abundan una serie de terminajos horrendos, nuestro idioma ha sido capaz de asimilar las aportaciones que vienen de afuera, al menos por ahora.

También en materia de religión el 85% de los mexicanos se dice católico, aunque sea nominalmente, y es cierto que se nota una mayor presencia de otros credos, es decir, ha crecido la oferta religiosa, si se pueden expresar las cosas así en esta materia, pero su influencia aún no es tan decisiva, salvo lo que ocurre en algunos estados del país, principalmente en el sureste, y en especial en Chiapas, donde los protestantes representan poco más del 30% de la población.

Es en las clases populares donde se conservan la mayoría de las tradiciones y expresiones culturales nativas, ya sea por un sentido de nacionalismo más acendrado, por la preservación de la oralidad en la trasmisión de esas tradiciones, por la existencia, ciertamente cada vez menor, de las llamadas familias extensas, por las barreras económicas que les impiden acceder a campos más amplios de ofertas culturales, etcétera.

Las etnias del país se resisten a perder su identidad cultural, y si lo han hecho durante casi quinientos años con éxito, a pesar de todos los avatares negativos y adversidades sin fin, no vemos por qué no puedan hacer lo mismo ahora.

No se nos escapa el hecho de que la hegemonía norteamericana en materia de cultura va en ascenso, pero no debemos despreciar las capacidades de asimilación, sin perder la identidad, o las de rechazo, según sean las situaciones, de nuestra cultura, la cual ciertamente al interior está dominada por la criollotropía, pero existe un México profundo de muchas culturas que han logrado sobrevivir hasta el presente. México es muchos méxicos.

Los habitantes de la frontera norte de nuestro país viven inmersos en un mundo de intercambios comerciales, económicos, sociales y culturales con el país vecino, y lo viven todos los días, y no por eso han dejado de ser mexicanos, no han perdido su identidad, aunque ciertamente se han producido procesos simbióticos de interactuación de culturas diferentes, dando paso a nuevas expresiones culturales, como es el caso del surgimiento del spanglish.

Tampoco se puede afirmar que el intercambio cultural haya sido parejo, porque es más lo que viene de allá hacia acá, que lo que va de aquí hacia allá. Pero esto se explica por una razón obvia: quien tiene más recursos económicos, tiene más posibilidades de financiar la producción cultural y la exportación de productos culturales.

Es improcedente, además de inefectivo, diseñar y poner en práctica políticas de laisse faire laisse passé en la cuestión cultural, en tiempos de un mundo globalizado, pero sería un disparate atenerse a un nacionalismo exacerbado que colinde con el separatismo cultural, con la autarquía en materia de cultura.

En realidad la preocupación no estriba en lo que el pueblo de México haga o deje de hacer, sino en lo que los gobernantes han dejado de hacer. Así como no existe una política industrial, una agropecuaria o una de financiamiento del desarrollo económico sustentable, sostenido y con equidad social, tampoco existe una política cultural. Peor aún, se sabe que cuando las crisis económicas arrecian, la cultura es una de las primeras víctimas porque nuestros gobernantes la consideran, obtusos como son la mayoría, como un simple artículo de lujo del cual se puede prescindir.

México destina el 4.5% del PIB a la educación, cuando la UNESCO recomienda el 8%. El pobre financiamiento de este rubro tan importante se refleja en la baja calidad de la educación. En las evaluaciones que realiza la OCDE (Organización del Comercio y del Desarrollo Económico), que integra a los países más desarrollados del orbe y a la cual pertenece México, no por desarrollado, sino por una graciosa concesión de no se sabe quién, o por la insistencia pertinaz de los gobernantes mexicanos para ser incluidos en ese selecto club de naciones, nuestro país invariablemente ocupa los últimos lugares. De hecho casi siempre se disputa el último lugar con Turquía.

En la era de la informática, de la globalidad, de las reconversiones industriales hacia la industria ligera, de un desarrollo exponencial de los conocimientos que se duplican cada cinco años, de las sociedades que basan su desarrollo económico en el know how, México destina una cantidad miserable para el rublo de ciencia y tecnología que no rebasa el 0.5% del PIB, cantidad que está muy por debajo a las de países con niveles de desarrollo similares al nuestro como Chile, Argentina, Brasil, e incluso también por debajo de países menos desarrollados como Paraguay.

En México hay 25 computadoras por cada mil habitantes, cantidad que también resulta inferior a las cifras que existen en buena parte de los países latinoamericanos, y no se diga en la de los desarrollados.

El 50% de la investigación científica y del desarrollo de tecnologías de nuestro país se realiza en la UNAM, a pesar de todas las críticas que recibe la Universidad Nacional. Otro porcentaje importante está representado por el resto de las universidades públicas, destacándose la UANL y la U de G, pero las universidades privadas prácticamente no aportan casi nada al desarrollo científico de México, y entre nuestros empresarios no existe la cultura de financiar la creación de nuevas tecnologías, pues siempre han optado por importarlas.

Dadas estas condiciones, ciertamente muy lamentables, se impone preguntar con base en qué va a sustentar México su crecimiento y desarrollo económicos, si lo que se requiere es hacer una reforma educativa que mejore sustantivamente la calidad de la educación que se ofrece en nuestro país y amplié la oferta, además de incrementar el financiamiento para la investigación científica y la creación de tecnologías hasta por un monto que equivalga al 2.5% del PIB por lo menos. Las economías de los países desarrollados, y también las de desarrollo acelerado reciente, como los casos de China y la India, se están basando cada vez más en el conocimiento, y si nosotros no hacemos otro tanto, seguramente nos rezagaremos aún más, pero a pasos agigantados, perdiendo todas las posibilidades de competir exitosamente en el escenario internacional.

Como resultado de las evaluaciones que se han hecho deriva que nuestra educación es deficiente en conocimientos generales, y en las habilidades de la lecto-escritura y de las matemáticas. Además de la escasez de recursos de la que ya hablamos, otros factores que explican esta situación es la ausencia de políticas claras en materia educativa, la corrupción sindical del SNTE, las fallas en la preparación de los maestros, los bajos salarios de los mentores, los cuales hacen como que trabajan, por supuesto no todos, porque el gobierno hace como que les paga.

En nuestra nación el promedio de lectura es de 1.5 libros al año por cada mexicano, muy por abajo de los promedios de la mayoría de los países latinoamericanos. Esta cifra es compatible con los tirajes de publicación de libros, el cual no rebasa la cantidad de 3 mil ejemplares, ¡para un país de 105 millones de habitantes!

Los programas gubernamentales para promover el hábito de la lectura son sólo placebos. Es cierto que han bajado los índices de analfabetismo, pero los analfabetos funcionales se cuentan por millones, y todavía son más los analfabetos cibernéticos. El gobierno de Fox ve la tempestad y no se hinca, pues a pesar de ese promedio bajísimo de lectura, se atrevió a proponer la imposición del IVA a la compra de libros. Por fortuna esta iniciativa fue desechada por el Congreso, pero ella da la medida de la insensibilidad de este gobierno y de su falta de prospectiva para México.

Los apoyos que da CONACULTA para la promoción de la cultura son escasísimos, y además dejan mucho que desear en la transparencia de las asignaciones. Así que si nuestro pueblo sigue gozando de las diversas manifestaciones del arte y de la cultura en general, es gracias al esfuerzo callado y heroico de los realizadores mexicanos, esto es, de los escritores, pintores, escultores, arquitectos, cineastas, actores y artesanos. También es gracias a que el genio de los mexicanos para hacer obras de arte con casi nada es reconocido mundialmente.

Pero lo anterior no obsta para decir que el gobierno de Fox si bien no es abiertamente antiintelectual, por momentos parece que lo es. Al menos algunos miembros de su gabinete central juzgan los productos culturales más prestigiados desde una serie de rancios principios de la moralina que sólo ellos saben en qué consisten. Este fue el caso de Abascal, quien intentó prohibir que en el colegio donde estudia su hija se leyera una obra de Carlos Fuentes (Aura) por considerarla inmoral. Pero qué sensibilidad cultural podemos esperar de un gobierno cuyo máximo representante no sabe ni siquiera pronunciar correctamente el apellido de uno de los principales autores de la literatura mundial. Sí, estamos hablando de la ocasión donde Fox dijo Borgués, en lugar de Borges, queriéndose referir al gran escritor argentino Jorge Luis Borges.

El cine mexicano no acaba de renacer de sus cenizas, a pesar de los enormes esfuerzos que están haciendo los productores, directores, guionistas, actores y actrices, y también a pesar de que en los últimos años se han filmado algunas películas de calidad. Los exhibidores, ambiciosos como ellos solos, han interpuesto una querella para evitar cobrar un peso por espectador en apoyo al cine nacional, que es una disposición contenida en la nueva ley de cinematografía. Sin apoyos económicos, al año se llegan a producir 15 películas, cuando bien nos va, porque el promedio anda por debajo de 10. Y nuevamente, ¡esto ocurre en un país de 105 millones de habitantes! En la década de los cincuentas del siglo pasado, cuando la población probablemente no rebasaba los 45 millones de habitantes, se producían anualmente más de 100 películas. Entonces sí que se podía hablar de la existencia de una industria nacional de cine.

El teatro también languidece, o no está consolidado como en la década de los setentas, cuando además de la inversión de los productores privados, el Estado financiaba la puesta en escena de obras de renombre para presentarlas en la red de teatros del Seguro Social. Además la inseguridad ha contribuido a que la gente prefiera quedarse en casa, antes que ser víctima de algún acto de violencia. Por supuesto que la crisis económica disminuye las posibilidades de gozar de los bienes culturales, tan necesarios para regocijar el espíritu, para tejer redes de socialización, para humanizar, y por supuesto para educar.

Nos hemos convertido en un país de televidentes pasivos. Ante la falta de alternativas culturales, en razón de la crisis económica que ha impactado negativamente el presupuesto de las familias y a causa de la inseguridad pública que priva en las calles, sin faltar el bajo nivel cultural que como grilletes tiene esposada a la mayoría de los mexicanos debido a la indiferencia, la dejadez, la abulia, y a veces hasta la oposición o la animadversión de los gobernantes para impulsar una política nacional de promoción de la cultura y la educación en general, precisamente para elevar los niveles de escolaridad y de formación cultural, los mexicanos nos hemos convertido en un pueblo de pasquineros y telenoveleros. Nadie puede negar que sea triste esta condición, pero más triste, y sobre todo indignante, es la pobre actuación de los gobernantes que han hecho poco, por no decir nada, para cambiar este estado de cosas que a muchos nos resulta intolerable.

Un texto bíblico dice: “Mi pueblo perece por falta de conocimiento”. Aplicado a nuestra realidad, los gobernantes que nos ha tocado en turno tener prefieren contar con un pueblo de espíritu adormilado y de conciencia apagada, en lugar de ciudadanos activos, conocedores de su realidad, demandantes, propositivos, críticos. Los emperadores romanos decían que al pueblo había que darle pan y circo, pero en nuestro caso sólo nos están dando circo, y si la hebra no se rompe por el lado de la conciencia crítica, puede romperse por el lado del hambre. El levantamiento zapatista fue un primer aviso, una primera advertencia, ¡y de qué tamaño!

La cosa no para ahí. Desde tiempos ancestrales este país ha padecido los efectos perniciosos del centralismo. Es en el valle de México, y en concreto en el Distrito Federal, donde se concentran los poderes de la Federación, donde se toman las grandes decisiones que para bien o para mal afectan a todos los mexicanos, donde también se concentran las finanzas y buena parte de las actividades económicas y comerciales del país. De hecho la ciudad capital aporta el 22 % del PIB nacional. Y qué decir de la oferta cultural, también en su mayoría se hace y se consume en el centro. Entonces somos una federación de estados en el papel, pero en los hechos lo que predomina es el centralismo.

Como se puede apreciar, los mexicanos no hemos resuelto las grandes cuestiones nacionales que desde los primeros años del siglo XX fueron motivo de preocupación y de estudio de Molina Enríquez, con su obra precursora de la Revolución Mexicana titulada precisamente Los Grandes Problemas Nacionales.

Además ahora se han añadido nuevos problemas derivados de la globalización, la apertura económica, la falta de competitividad de nuestra economía en la escena internacional, la depresión del mercado interno, la desindustrialización del país, la crisis agravada del campo, el crecimiento infame de la pobreza y la miseria, las regresiones en la distribución del ingreso nacional, la posposición de la Reforma del Estado y de las reformas estructurales de la economía, los levantamientos armados, el aumento de la conflictividad social por demandas no atendidas y necesidades no cubiertas, el narcotráfico, la inseguridad social, la violación sistemática de los derechos humanos, y muchos más.

Las cosas no están como para echar las campanas a vuelo, pero ciertamente tampoco para augurar una revolución social. Hemos avanzado en algunos aspectos no menores: se dio la alternancia en el poder, hay más apertura política, también se ha avanzado en la libertad de prensa, no todo lo que se quisiera, pero debe de reconocerse que los avances no se pueden desdeñar. Se disfruta más de las garantías individuales, con sus altas y sus bajas, y en buena medida en dependencia directa de las características y condiciones de vida de quienes las disfrutan.

Sin embargo en el horizonte se vislumbran dos caminos: uno, el de quienes están más que prestos para regresar al pasado porque todavía no se han hecho a la idea de que han perdido el poder, y por eso quieren hacerse de él nuevamente a como de lugar con el fin de gozar de los privilegios que antes tenían a manos llenas, de reimplantar el autoritarismo como forma de gobierno, el patrimonialismo en el manejo del erario público, las prácticas represivas, la persecución de la disidencia, la mordaza a los medios informativos críticos e independientes, y dos, el camino de quienes demandan desarrollo económico con distribución justa de la riqueza social, más democracia, más participación de la sociedad civil, el respeto a los derechos humanos, mejores niveles de vida para las mayorías, garantizar la seguridad pública, integrar a las etnias del país al desarrollo económico a base del reconocimiento de sus propias formas de gobierno, una inserción más equitativa y ordenada de nuestro país en la globalidad, el impulso decidido de la educación, la ciencia, el desarrollo tecnológico y de todas las manifestaciones culturales.

Las fuerzas progresistas del país tienen en estos momentos una coyuntura favorable a nivel nacional, a pesar de que por regiones y estados las situaciones sean bastante variadas. El desgaste del PAN, derivado de un gobierno incapaz, y el desprestigio del PRI son realidades del presente. Pero nadie nos garantiza que éste último no tenga la capacidad de recomponer sus fuerzas, de utilizar su estructura partidaria de cobertura nacional, de que los gobernadores de extracción priista impongan su voluntad en los procesos eleccionarios locales, y principalmente en las elecciones del 2006, valiéndose de todas las prácticas que erróneamente podríamos considerar como definitivamente erradicadas, a fin de volver a ganar la presidencia de la república. Por supuesto que ocurriría un desastre de proporciones impensables si eso llegara a pasar, pero de nosotros depende que no se materialice esa pesadilla.

En función de todo lo anterior, es que nos hemos decidido formar EL MOVIMIENTO CIUDADANO COAHUILENSE POR LA ESPERANZA DEMOCRÁTICA.

¿Qué es el Movimiento Ciudadano Coahuilense Por La Esperanza Democrática?

Para responder a esta pregunta, optamos primero por decir lo que no es.

-No es un partido político;
-No es una organización social protopartidista, o una organización que forme parte de ningún partido;
-No es ni pertenece a ninguna organización sindical, campesina, de empresarios, de comerciantes, o de colonos.

En primer término debe aclararse que el Movimiento Ciudadano Coahuilense Por la Esperanza Democrática se inscribe en el contexto de la creciente, aunque todavía insuficiente, participación de la sociedad civil en las cuestiones públicas. En este sentido tenemos la firme intención de convertirnos en una alternativa viable y atractiva para los diferentes sectores de la sociedad coahuilense, por lo que entonces nuestra procedencia nos convierte en una asociación de individuos y grupos sociales con propósitos políticos claramente identificables, sobre los cuales daremos cuenta más adelante.

La calidad de movimiento ciudadano le viene de tres características:

1) No tiene ni desea tener estructuras de gobierno verticales, sumamente jerarquizadas, inflexibles, disfuncionales y escleróticas. Por el contrario, la organización interna, que no admite los mandos rígidos, es la estrictamente necesaria para garantizar su funcionamiento, y precisamente por eso, en lugar de la acumulación de poder, asumimos la concepción de la responsabilidad en el ejercicio de funciones diversas, de lo que se sigue que dicha organización es horizontal, flexible, sin jerarquías fijas y propiciadora de la participación colectiva en la toma de decisiones.

2)Tiene el cometido central de movilizar a los diferentes sectores de la sociedad en torno a sus necesidades y demandas más sentidas, siempre en el contexto del Derecho, y no para exacerbar las contradicciones sociales en beneficio de fines aviesos e inconfesables, sino para que esas necesidades sean satisfechas y las demandas atendidas, siempre y cuando sean justas y verdaderamente representativas del sentir de dichos sectores de la sociedad, en especial de las mayorías, y respetando en todo tiempo las formas de organización y los idearios de los movimientos sociales existentes y de los que se logre promover.

3)Porque los objetivos y las formas de lucha irán cambiando, en la medida en que cambien los propios de quienes lo integren, y también en función de los cambios que se produzcan en la sociedad como un todo, y en los quehaceres de ésta en las áreas políticas, económicas, sociales y culturales.

Se pone un énfasis especial en la esperanza democrática, porque si bien la democracia no es condición suficiente para lograr el mejoramiento de las condiciones de vida de las mayorías de este país, por lo menos es una de las condiciones necesarias, y porque la democracia vale por sí misma, considerando que hasta ahora es la mejor forma de gobierno que el hombre ha inventado, o siquiera la menos mala, para la toma de decisiones en las cuestiones cruciales en beneficio de la sociedad.

También es importante el énfasis democrático porque miles de mexicanos han dado sus vidas por alcanzar niveles mayores de disfrute de las libertades democráticas, porque no queremos volver a etapas del pasado donde la democracia brillaba por su ausencia, y porque la alternancia en el poder que se dio en el año 2000 no se tradujo en avances sustanciales de transición justamente hacia una democracia plena.

Hoy por hoy se están gestando una serie de condiciones de todos los órdenes para que renazca la esperanza en la democracia, teniendo como horizonte más cercano las elecciones locales del 2005 y las federales del 2006. Pero también hay nubarrones que anuncian los riesgos no sólo de involución política, sino de retrocesos que nos pueden costar muy caro, y respecto de los cuales nos lamentaremos más temprano que tarde si no los atajamos a tiempo.

¿Quiénes integran el Movimiento Ciudadano Coahuilense Por La Esperanza Democrática?

Al presente lo integran un grupo amplio de ciudadanos, con y sin partido, procedentes en su mayoría de los sectores medios de la población. Sin embargo el propósito es ir creciendo para incorporar a ciudadanos de todos los estratos sociales, con o sin profesión, con o sin empleo, trátese de amas de casa, obreros, campesinos, empleados, estudiantes, profesores, comerciantes, empresarios, colonos, subempleados y desempleados, y también a integrantes de movimientos sociales y de organizaciones civiles que compartan nuestros objetivos, principios y programa, y que se avengan a participar individualmente, y no en forma corporativa.

¿Cuáles son los objetivos centrales del Movimiento Ciudadano Coahuilense Por La Esperanza Democrática?

Contamos con una serie de objetivos los que, para propósitos de la presente exposición, pueden agruparse en tres:

1)Promover la movilización y la participación activa de los diferentes sectores de la sociedad civil en torno a sus necesidades y demandas más sentidas, y en el curso de las movilizaciones, alentar la creación de formas autónomas y democráticas de organización que les permita convertirse en interlocutores solventes, fuertes y con credibilidad frente a los gobernantes, con la finalidad expresa de que alcancen sus propósitos por la vía del diálogo, de las negociaciones transparentes, y cuando las circunstancias sean completamente adversas hasta el punto de que las autoridades procedan al margen de la ley, entonces será válido emplear el recurso de la resistencia pacífica.

2)Proponer alternativas de solución para los problemas sociales más ingentes de la sociedad, en particular para los que afectan a las mayorías, y crear condiciones para abrir espacios de interlocución con los gobernantes no solo con el fin de ser escuchados, sino para que éstos últimos se avoquen decididamente a resolverlos. De nada valdría hablar, para no ser escuchados, proponer, para no ser atendidos. De lo que se trata es de proponer, pero también de crear una serie de redes de apoyo en la sociedad civil para fortalecer la capacidad negociadora de quienes les toque en suerte defender nuestras propuestas. Incluso consideramos que ha llegado la hora de que los ciudadanos nos demos a la tarea, con suficiente tiempo, de formular planes de gobierno desde la perspectiva de la sociedad civil, para que cuando llegado el momento de las elecciones, los partidos y candidatos atiendan nuestras propuestas, y que hagan otro tanto cuando diseñen sus programas oficiales de gobierno y los lleven a cabo.

3) Participar activamente en las próximas elecciones locales, y también en las federales del 2006, ya sea a través de elaboración de propuestas de plataformas electorales con un claro signo de justicia social, democracia y respeto a los derechos humanos, o mediante el apoyo a las fórmulas de aspirantes progresistas, e incluso por medio del posicionamiento de candidatos de la sociedad civil. Somos de la idea que la participación activa y propositiva en las justas políticas, además de los logros inmediatos en lo que hace a la posibilidad de acceder a puestos públicos para participar en la toma de decisiones que favorezcan precisamente a las mayorías, constituye la mejor escuela de educación política y del despertar de la conciencia ciudadana, con el propósito de seguir bregando en el mediano y largo plazos, hasta que en este país la democracia participativa sea cosa de todos los días, y la justicia social haya sentado sus reales.

¿Cuál es el ideario político-ideológico del Movimiento Ciudadano Coahuilense Por La Esperanza Democrática?

Por lo regular esta pregunta remite a disquisiciones teóricas sobre los contenidos políticos, las bases ideológicas y hasta los fundamentos filosóficos de los partidos, organizaciones y movimientos que así intentan definir su naturaleza y deslindarse de otras agrupaciones con el fin de evitar confusiones entre seguidores y simpatizantes, y también supuestamente para ser identificados por la sociedad.

Lo que en principio es positivo -porque quién podría estar en desacuerdo con aclararse y aclarar a los demás lo qué se es- en los hechos en muchas ocasiones se torna difícil y complejo, y fuente de confrontaciones derivadas de perspectivas divergentes.

Para abordar este tema se echa mano de todos los “ismos” habidos y por haber, proceder que no tendríamos inconveniente en asumir si no es porque la experiencia nos ha hecho percatarnos que las más de las veces este procedimiento conduce a la sobreidiologización de fracciones que se fraccionan, y se vuelven a fraccionar, cayendo en discusiones bizantinas sobre quién es quién en materia de pureza ideológica y política, quién pervierte o distorsiona los fundamentos filosóficos de determinadas posiciones, de tal suerte que unos se constituyen en jueces severos de los otros, y viceversa.

No rehuimos el debate político-ideológico, ni tampoco el filosófico, a condición de que se den con altura de miras y oportunidad, pero por ahora preferimos caracterizarnos en términos más prácticos. Entonces, somos un movimiento progresista que pugna por la generación de cambios económicos, sociales, políticos y culturales de fondo, de los llamados estructurales, con el fin expreso de pasar de la simple alternancia en el poder a una auténtica democracia representativa, y de ésta a las formas superiores de la democracia directa, y también para promover un modelo de desarrollo económico sustentable y sostenido, pero con justicia distributiva.

Estamos claros que los procesos de cambio y de transformación de las estructuras sociales requieren de tiempo, pero tenemos como meta acceder al empoderamiento de la sociedad, o a lo que en la versión anglosajona se conoce como empowerment. De esto se deriva, como cosa natural, nuestra oposición al mantenimiento del estatu quo, o el estado de cosas prevaleciente, porque es fuente de injusticias sociales, de desigualdades también sociales, de violaciones a los derechos humanos, de antidemocracia y de toda clase de discriminaciones.

Si esto nos hace ser de izquierda, entonces somos de izquierda, pero en todo caso de una izquierda democrática, antidogmática, libertaria, nacionalista, pero no xenófoba, plural, crítica y autocrítica, y humanista, sobre todo humanista, porque tenemos al bienestar, la realización personal y colectiva, y por qué no, a la felicidad de los seres humanos como cometido fundamental, pero también abierta a los cambios contemporáneos que realmente beneficien a las mayorías, sin descuidar los derechos de las minorías.

Cada uno de los elementos anteriores tendría que ser esclarecido, si es preciso hasta el detalle. Como ya lo dijimos, en su oportunidad se hará lo propio, sin embargo por el momento nos conformamos sólo con enunciarlos, esperando que lo planteado sea suficiente para dar cuenta de nuestro ideario político-ideológico.

¿Cuáles son los principios del Movimiento Ciudadano Coahuilense Por La Esperanza Democrática?

Como ya lo señalamos, el bienestar social del hombre, que significa estar bien consigo mismo y con los demás, y vivir bien, con todo lo que ello implica, constituye la médula de nuestro ideario y la guía de nuestro quehacer político. Esto también constituye en sí y por sí mismo un principio, el fundamental, que consiste en la humanización de todas las formas de convivencia entre los seres humanos de carne y hueso, inscritos en condiciones socioeconómicas, políticas y culturales concretas e históricas. Así vistas las cosas, obviamente este gran principio condiciona a los que enseguida se expresan.

1.- Concebimos a la política no como un fin en sí mismo, sino como un medio noble y honorable para gestar las condiciones que propicien el bienestar económico, social, político y cultural de los seres humanos en general, pero con una opción preferencial por los pobres, los excluidos, los marginados.

2.- A diferencia de Maquiavelo, quien afirmó que en política el fin justifica los medios, nosotros planteamos la relación inversa, esto es, los medios deben justificar el fin. Esto implica concebir y hacer la política a partir de la ética y de los principios de moral pública consensuados socialmente. En otros términos, es absolutamente imprescindible abogar por la moralización de la política, sobre todo en un medio como el nuestro donde la mayoría de los políticos hacen y deshacen despreciando los más elementales principios éticos. Incluso tendría que irse más allá, hasta alcanzar la humanización de la política.

3.- Es preciso distinguir la moral pública de la moral privada. Nadie tiene derecho de meterse en la vida privada de las personas, y menos de juzgar su comportamiento, de tal suerte que es inadmisible proferir descalificaciones y vituperios, pretextando el carácter público del quehacer de los individuos. Lo público puede y debe ser sometido al escrutinio social, pero en el ámbito de lo público mismo, sin embargo es de todo punto inmoral valerse de lo público para dirimir lo privado, y valerse de lo privado para dirimir lo público.

4.- Concebimos a la política en su sentido original, como el quehacer de la polis, es decir de la ciudad, lo que trasladado al presente tendría que interpretarse como la participación de los ciudadanos en todos los asuntos públicos que son de su competencia, y como no hay asunto público que deba sustraerse a la participación de ellos, entonces éstos deben tomar parte en todo. Esto no significa que se rechace la intervención de los profesionales del quehacer político y de la administración pública, porque sería un despropósito hacerlo, dado los grados crecientes de especialización que van adquiriendo dichas actividades, sin embargo en última instancia las decisiones torales deben quedar en manos de los ciudadanos, sea por la vía de sus representantes o de manera directa, o en otros casos a través de la combinación óptima de ambos procedimientos.

5.- Entendemos que la política se hace a base de acuerdos, pero también de disensos, de lo que resulta que nosotros no concebimos a nuestros opositores como enemigos, ni siquiera como adversarios, sino únicamente como contrincantes. La política no es sinónimo del oposicionismo absoluto, de oposiciones taxativamente irreconciliables, pero tampoco es la visión idílica de los consensos y acuerdos perennes, sino el escenario de encuentros y desencuentros, de acuerdos y desacuerdos, de consensos y disensos, en función de la filosofía política, la ideología, los idearios, los principios y los programas de los diversos sujetos sociales, pero igualmente en función de las circunstancias históricas concretas.

6.- La democracia, con todo y sus imperfecciones, sigue siendo el medio más idóneo para acceder a los puestos de elección popular, a condición de que refleje la intención y el parecer de las mayorías, que se concrete en procesos eleccionarios apegados a derecho y en contextos de paz y tranquilidad sociales.

7.- En su acepción más amplia, entendemos a la democracia como un estilo de vida, como una forma de dirimir la conflictividad social mediante el diálogo civilizado y la toma de acuerdos consensuados, lo cual admite los disensos y las oposiciones, siempre y cuando los que acuerdan y los que difieren se conduzcan éticamente y con base a la normatividad legal aceptada por todos los agentes políticos y sociales.

8.- Se aprende a ser democrático precisamente en el ejercicio de la democracia, y la cultura de la democracia se adquiere cuando la suma de las prácticas políticas cotidianas se traduce en hábitos democráticos, cuando la suma de hábitos democráticos da origen a las costumbres democráticas, y cuando la suma de costumbres democráticas abre el camino a los estilos democráticos de vida.

9.- La democracia política, obviedad de obviedades, pertenece al ámbito de lo político, de lo que se sigue que es irresponsable atribuirle el poder de resolver todas las cuestiones de la vida de los hombres, ya sea los problemas económicos, sociales, culturales y hasta los derivados de sus personalidades individuales. Cierto, es una de las muchas condiciones indispensables, probablemente de las más importantes, pero no suficiente para resolver todas las cuestiones de la vida comunitaria, y mucho menos las de la conflictividad personal.

10.- Somos de la idea de que los servidores públicos electos democráticamente no reciben el poder, sino el mandato de la sociedad, y en ese sentido se deben a ella, por lo que están obligados legal y moralmente a realizar sus quehaceres en su beneficio y, nuevamente, optando preferencialmente por el bien de los que menos tienen a fin de que, como dijo Morelos, y aquí se cita en forma parafraseada, no haya unos cuantos que lo tengan todo, y muchos que no tengan nada, sino los más que vivan en una decorosa medianía.

11.- Si como dice la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 39, la soberanía de la nación radica en el pueblo, y si es el pueblo quien no enajena sino delega esa soberanía en sus gobernantes, el único que tiene derecho de poner y quitar a éstos, de acuerdo a su desempeño en la administración de la cosa pública, es justamente el pueblo de México. En la medida en que se pase de la democracia representativa a formas superiores de democracia directa, a partir de que se impulse de nuevo el proceso de transición democrática que por ahora está estancado, el pueblo irá disminuyendo los ámbitos de influencia y decisión de los poderes de delegación, para asumir áreas crecientes de la soberanía que le pertenece.

12.- Si en su sentido original, el cual hacemos nuestro, la democracia es el gobierno del pueblo, con el pueblo y para el pueblo, entonces es absolutamente inadmisible el manejo patrimonialista de cualesquiera de los tantos puestos administrativos. El erario público debe manejarse con absoluta transparencia y mediante los principios de honradez, probidad, acceso ciudadano a los estados contables y rendición de cuentas.

¿Qué propone el Movimiento Ciudadano Coahuilense Por La Esperanza Democrática?

No tenemos la intención de elaborar un programa de acción acucioso y lo más amplio posible, por lo menos no en este documento, porque como ya dijimos, ya se presentarán las oportunidades para hacerlo. Entonces únicamente queremos presentar las grandes propuestas políticas, económicas, sociales y culturales. Pero antes de proceder, precisaremos con qué políticas públicas no estamos de acuerdo mediante un trazo también general de ellas.

En las cuestiones políticas, no coincidimos con el clima de confrontación, de rispideces, enconos, desencuentros y con la ausencia de diálogo entre las principales fuerzas políticas del país. Esta situación no ha llevado a otra cosa sino a posponer la solución gradual pero constante de los grandes problemas nacionales, a través del diálogo y el acuerdo sobre las cuestiones fundamentales de la vida nacional.

Como dice el refrán popular: el horno no está para bollos. El estancamiento político es evidente, también el económico, de tal suerte que ambas situaciones se están reflejando en el deterioro de todas las formas de convivencia social.

El gobierno que se dice del cambio ha sido pieza fundamental para que precisamente el cambio no se produzca. Lo que en un principio, al inicio de la actual administración, se atribuyó a la inexperiencia del gabinete federal, ahora, a más de tres años de distancia, y considerando los pobres resultados en materia de crecimiento y desarrollo económicos, empleos, inversiones, transición democrática, etcétera, sólo podemos explicarlo por la vía de la ineptitud, de la ausencia de perspectivas claras, por el desaseo político, por la abulia y la dejadez, y hasta por la indiferencia de un primer mandatario que ya dio todo lo que podía dar, lo que por cierto ha sido muy poco.

Los otros actores políticos, muy en especial los tres grandes partidos, tampoco han hecho mucho para mejorar el clima político con el firme propósito de llegar a acuerdos relevantes. Además de debatirse en sus luchas intestinas, dando un pobre espectáculo a la población, tienden a optar por la defensa de los intereses partidistas, y lo que es más grave, por la defensa de intereses de grupos encontrados, antes que atender los graves problemas que nos agobian como nación.

Decididamente muchos luchamos durante décadas por ver llegar la hora en que se produjera la alternancia en el poder, pero pocos estaban o estábamos preparados para empezar a construir a partir de este punto de inflexión histórica, y por lo que parece, la clase política mexicana era de los menos preparados.

En correspondencia con nuestros principios, nos oponemos a la desmoralización de la política, a la falta de principios éticos, al inflyentismo, la corrupción, el patrimonialismo, a los gobiernos que le dan la espalda al pueblo, a la secrecía atávica y pertinaz como método del quehacer público y a los abusos del poder.

Con las honrosas excepciones de siempre, es lamentable, si no es que patético, el espectáculo de corrupción en el que se han visto envueltos los políticos, y con ellos los partidos que dicen representar. Esto se está escribiendo justo a cuatro días de que se hizo público un video que muestra las tranzas a las que se presta o propicia el dirigente del Partido Verde Ecologista de México. ¿Qué otra cosa se podía esperar de un partido que fue creado en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari para restarle presencia y votos al Partido de la Revolución Mexicana, partido este último que fue hostigado y perseguido por dicho gobernante de tristísima memoria, pues solo basta recordar los cientos de muertos perredistas o simpatizantes perredistas que perecieron por causa de la represión del régimen salinista? ¿Qué más podía esperarse de un partido que nació como un instituto político familiar y marcadamente antidemocrático desde los cuatro puntos cardinales?

Sin llegar a los extremos del PVEM, por ahora, el resto de los partidos, con diferencias de por medio, tampoco se ha distinguido por estar a la altura de los desafíos de los tiempos que corren. Unos tienen claridad de rumbo, pero no la fuerza suficiente para imponerlo, entre otras cosas porque gastan buena parte de sus energías en luchas encarnizadas y ociosas hacia el interior entre corrientes y fracciones que se disputan los puestos dirigentes, y también los puestos de elección popular, posponiendo los debates ideológico-políticos y programáticos, que a fin de cuentas es lo que en primera instancia justifica la existencia de las mismas corrientes. Los mesianismos reeditados representan un fardo muy difícil de llevar. ¿Se podría hablar de mezquindad y canibalismo políticos? Indudablemente, si predominan los intereses de las corrientes sobre los del partido, y los de éste sobre los de la nación.

Sería muy lamentable que el partido que tiene más claridad del rumbo a seguir (claro está que nos estamos refiriendo al PRD), perdiera la oportunidad -por cierto bastante realista- de llegar a la presidencia, aprovechando las condiciones favorables que se le están presentando, sea a causa del descrédito mayúsculo en que han caído los otros dos grandes partidos, o por el excelente posicionamiento de Andrés Manuel López Obrador, solo porque las pugnas encarnizadas entre corrientes y más corrientes, y ahora hasta macrocorrientes, diera al traste con esa oportunidad histórica. El pueblo de México no se merece que la esperanza se venga abajo, antes de que se materialice.

Esperamos que la fuerza de los números se imponga al interior del PRD, para que la candidatura de Andrés Manuel no se vea entorpecida por los grupos que se le oponen, así sea los dirigidos por las grandes personalidades de ese partido. Repetimos, no se puede perder esta oportunidad histórica que como nunca se le está presentado a la izquierda, pues el pueblo de México les reclamaría acremente en caso de que no se concretara. López Obrador tendrá que bregar contra la corriente por ser el puntero, y seguramente se verá expuesto a toda clase de intrigas, críticas infundadas, contratiempos, traiciones, periodicazos, como para que los miembros de su partido se sumen a la escalada de desprestigio y descalificaciones de los opositores de afuera.

En Italia han ocurrido casos de corrupción política, documentados de una o de otra manera, y las personas involucradas, a querer o no, han tenido que renunciar. Lo mismo ha pasado en Perú, en Alemania y en otros tantos países. ¡Ah!, pero México se cuece aparte, porque aquí el niño verde no sólo no renuncia a la presidencia del partido ni a la senaduría, aunque sea por el más mínimo sentido de decoro y honorabilidad, sino que acusa y despotrica contra medio mundo, se siente ofendido, se hace el mártir, y asume que sus derechos humanos han sido violentados. A esto sí que se le llama cinismo y cara dura, pero en su máxima expresión.

Otros, que aparentaban unidad hacia fuera, también se han visto invadidos por el flagelo de las divisiones internas, pero ciertamente más atenuadas porque adoptaron métodos centralizados para la elección de sus dirigentes. Se decían sabedores de cómo hacer las cosas, pero al llegarles la oportunidad de tomar las grandes decisiones, primero no fueron considerados por los gobernantes emanados de sus filas, y cuando éstos se vieron en serios aprietos a causa de los pobres resultados obtenidos, entonces decidieron llamar a sus correligionarios para mostrar públicamente la unidad partido-gobierno, unidad que por lo demás también ha resultado muy inefectiva e ineficiente.

También están los de siempre. Habiendo perdido la presidencia de la república, que era el elemento aglutinador hacia el interior del partido y hacia el exterior, por la vía del dedazo y la fuerza de la costumbre del servilismo y los comportamientos palaciegos o cortesanos, se desatan las divisiones internas, las cuales los llevan a elecciones partidistas llenas de descalificaciones, turbulencias y antidemocracia.

Ahora, dicha agrupación está en manos de uno de los políticos más corruptos e implacables del presente, quien está dispuesto a pasar por sobre lo qué sea y quién sea, con tal de sentarse en la silla presidencial. Por mucho, este es el mayor peligro que corre el país en el corto plazo, porque el regreso del PRI, con Madrazo como Presidente, no vendría solo, sino que se haría acompañar del autoritarismo, la antidemocracia, el dedazo, la corrupción a gran escala, el uso discrecional de los fondos públicos, el entreguismo, el ahondamiento de la injusticia social, la represión, las violaciones sistemáticas y masivas de los derechos humanos, justamente todo lo que los mexicanos no queremos volver a tener y menos padecer, porque precisamente ahora nos está costando mucho dejarlo atrás, como para volver de nuevo a sufrir las consecuencias de las deformidades de la política.

¡Y luego se preguntan los políticos porqué los mexicanos están desencantados de la política! Porque son ellos precisamente los que la han desacreditado, tanto con su quehacer, como con sus omisiones!

No estuvimos de acuerdo con la forma como se eligió a los miembros del Consejo General del Instituto Federal Electoral, y deberemos seguir insistiendo para que se introduzcan cambios en el proceso de elección de los consejeros electorales.

El IFE es uno de los grandes haberes de los muchos años de lucha por la democratización de las instituciones del país, llevada a cabo por miles de ciudadanos, por cientos de organizaciones civiles, y también por las mentes más lúcidas de los partidos políticos. Este organismo se fue prestigiando con el paso del tiempo, a medida que tomaba decisiones otrora impensables en nuestra realidad política. Sin embargo, nos preocupa su nueva conformación, porque es público y notorio que algunos miembros del Consejo General tuvieron relaciones en el pasado con ciertos partidos políticos.

En este sentido coincidimos con Adolfo Aguilar Zinser, quien en su columna titulada “La culpa la tiene el IFE”, aparecida en los diarios del Grupo Reforma, con fecha viernes 27 de abril del 2004, dice lo siguiente:

“... En efecto, ante el incumplimiento flagrante del IFE de su obligación expresa, conferida por la Constitución, de garantizar la democracia de los partidos, el Trife dio entrada y resolvió la demanda de un militante, José Luis Amador Hurtado, que, ignorado por el IFE, pidió al máximo tribunal protección para ejercer sus derechos electorales. De esta manera el Trife pronunció una excepcional sentencia en la que declara anticonstitucionales e ilegales a los estatutos del PVEM, avalados por el IFE. Con base en esa decisión –que todo dirigente político y especialista mexicano debiera leer-, el tribunal resolvió que los dirigentes del PVEM que llegaron a sus cargos por virtud de esos estatutos ilegales eran también ilegítimos. La sentencia le exige al IFE dejar en suspenso a la dirigencia del PVEM, ratificada y registrada ilegalmente por Sánchez Gutiérrez (se refiere al consejero electoral Arturo Sánchez Gutiérrez, quien antes fungió como director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, y a quien se le asocia con este partido), ordenarle a esa misma dirigencia que en un plazo de 60 días reformulase sus estatutos conforme a los criterios democráticos ampliamente expuestos por el Trife en su sentencia y, con base en esos nuevos estatutos, renovar íntegramente sus órganos de dirección. El IFE debió hacer cumplir la sentencia, debió cerciorarse de que los nuevos estatutos cumplieran al pie de la letra con los criterios y la normatividad exigida por el Trife. No lo hizo. Lo que viene entre paréntesis es nuestro.

Estamos en contra del clientelismo político, que está directamente asociado con el uso patrimonialista del erario público, del corporativismo y de la capitalización de los logros de las organizaciones y movimientos sociales independientes para el beneficio de intereses personales o de los partidos, quienes tendrían que ser los primeros en respetar los objetivos, acuerdos y formas de organización que adoptan los diferentes sectores de la sociedad para alcanzar los fines que libre y autónomamente se proponen.

Si a nivel nacional el proceso de transición democrática se ha detenido, en los estados de la república el panorama suele ser más desalentador. Por eso nos oponemos a las reformas electorales regresistas, al poder omnímodo de los gobernadores y a las prácticas antidemocráticas que aún se siguen dando en las elecciones locales, sobre todo por la vía de la compra y coacción del voto, o más bien del votante.

A partir de lo anterior, en la cuestión política estamos de acuerdo con los aspectos que enseguida se enuncian.

Urge reivindicar y dignificar el ejercicio de la política en este país. Es poco probable, aunque no se descarta, que el desarrollo del quehacer político basado en los principios éticos universalmente aceptados y en las formas de proceder con base también en principios indubitables de moralidad pública, provenga de los políticos y de los partidos, tan enfrascados en las guerras internas, las descalificaciones mutuas y las lucha encarnizadas por el poder.

Entonces la sociedad civil tiene que tomar cartas en el asunto, antes de que el hedor nauseabundo del hacer político, o en realidad politiquero, termine asfixiándonos. Por lo tanto, en el ámbito de influencia del Movimiento Ciudadano Coahuilense Por La Esperanza Democrática iniciaremos una campaña de presión social en torno al ejercicio moral de la política a través de todos los medios a nuestro alcance, para lo cual invitaremos a las organizaciones de la sociedad civil que compartan la misma preocupación. También en la medida de nuestras posibilidades, haremos lo posible por extender esta tarea a nivel nacional, buscando el acuerdo y la colaboración de movimientos y organizaciones afines.

Ya existen organizaciones que están trabajando en programas como “Adopta un Diputado”. Estos programas pueden ampliarse para revisar el desempeño de los gobernantes y de otros funcionarios públicos, al igual que se requiere estar al tanto de lo que hacen o dejan de hacer los organismos electorales, sean del nivel que sean. También es necesaria la fiscalización ciudadana sobre el ingreso y gasto de los partidos políticos.

Sabemos que suena muy ambicioso, pero la idea es irnos paso a paso, empezando por nuestro entorno, por el impulso de la organización de la sociedad civil para la realización de estas tareas, por lo menos de los ciudadanos que en un principio se interesen en ellas, o que ya estén trabajando en estos menesteres tan importantes. En realidad no tenemos la pretensión de asumir el rol de organizadores únicos y absolutos, lo cual sería poco realista, además de risible por la altanería implicada. Se trata de ir organizándonos todos los interesados, en función de la coincidencia en los propósitos, y bajo la premisa de respetar las experiencias habidas y la independencia de las organizaciones existentes.

También es absolutamente necesario desatorar el proceso de transición democrática, entre otros motivos porque este año se desarrollarán 14 elecciones en otros tantos estados, de los cuales en 10 de ellos se elegirá a nuevos gobernadores. El 2005 también está cargado de elecciones, y en lo que a nosotros respecta, el próximo año es importante porque en nuestro estado habrá elecciones generales, es decir, se elegirán alcaldes, diputados y al gobernador.

Si en el plano federal se han alcanzado niveles aceptables y regulares de democracia electoral, los cuales pueden verse en peligro si algunos de los nuevos consejeros electorales del IFE siguen tomando decisiones tan erráticas, no apegadas a derecho e incluso antidemocráticas, a nivel de los estados persiste un buen número de prácticas que dejan mucho que desear en lo que hace a la igualdad de condiciones, transparencia y legitimidad de las elecciones.

La última reforma electoral que se hizo en Coahuila, a iniciativa del gobernador Enrique Martínez y Martínez, en más de un sentido constituyó una contrarreforma. Por ejemplo, ahora se incluyeron una serie de disposiciones que limitan la realización de la observación ciudadana de los procesos electorales, en especial durante la jornada electoral. Por lo tanto, nuestro movimiento pugnará porque se realice una verdadera reforma democrática en la cuestión electoral, y si para ello se hace necesario elaborar una propuesta completa y en forma, no dudaremos en hacerla, y en consensarla con organizaciones civiles, partidos políticos y con los diferentes sectores de la sociedad coahuilense.

A nivel nacional coincidimos con quienes han planteado en múltiples ocasiones la necesidad de realizar la Reforma del Estado indebidamente pospuesta. Hasta por motivos prácticos, también de operatividad, e incluso para descargar las tensiones políticas que se derivan de tener elecciones todos los años, lo que va en desmedro de las posibilidades de que el gobierno y los partidos políticos muestren disposición y voluntad para llegar a los grandes acuerdos que el país está demandando, porque en lugar de canalizar sus energías a la búsqueda de esos acuerdos, las gastan en disputas interminables por hacerse del mayor número de espacios de poder, se requiere llevar a cabo esta reforma para ajustar y homologar los calendarios electorales.

Pero la Reforma del Estado pasa también por el acotamiento de las funciones del Ejecutivo, el incremento de las atribuciones del Congreso y su redimensionamiento, la reelección de diputados (federales y locales), senadores y alcaldes, la segunda vuelta en las elecciones presidenciales y en las de gobernadores, la participación ciudadana, la democracia directa, la cultura política democrática, entre muchos temas mas.

La sociedad civil debe ir ganando espacios para la toma de decisiones, porque a fin de cuentas de eso se trata cuando se alude a la soberanía popular. Por lo tanto, estamos a favor de transitar de la mera democracia representativa, a las formas más conocidas de la democracia directa. Que los ciudadanos contemos con la posibilidad de presentar iniciativas de ley o de reforma de las leyes, mediante el expediente de la iniciativa popular. Que el plebiscito y el referéndum adquieran carta de ciudadanía a nivel nacional y en los estados, con respaldo constitucional, pero que los requisitos para llevarlos a cabo sean asequibles a las posibilidades de los ciudadanos organizados, y no se constituyan en barreras difíciles de traspasar.

La rendición de cuentas, o accountability, es moneda de uso común en varios países del mundo, especialmente en aquellos de tradición democrática anglosajona. Los ciudadanos tenemos derecho a ser informados, a acceder a la información sin trabas ni requisitos difíciles de cumplir, y a llamar a cuentas a nuestros gobernantes.

Las contralorías públicas se han burocratizado demasiado, y con la burocracia llegan los formularios, los papeles, los procedimientos, las instancias y una cantidad interminable de elementos kafkianos cada vez más complejos y bizarros, y entre tantos laberintos se pierde el propósito central, que es transparentar el ejercicio de las funciones públicas. Además los ciudadanos en todos estos entreveramientos nada tenemos que ver. Por eso es necesario elevar a rango constitucional la obligación de rendir cuentas, para proceder después a formular leyes y reglamentaciones claras y sencillas. Incluso somos partidarios de las contralorías ciudadanas.

Soberanía popular de la que sólo se valen los gobernantes para ser electos, pero no para ser revocados a causa de graves errores de gestión pública y de violaciones sistemáticas de las leyes, soberanía que es incompleta. Por eso estamos totalmente de acuerdo que adquiera rango constitucional la revocación del mandato, para igual que en el párrafo anterior, posteriormente se legisle en la materia y se formulen reglamentos claros y sencillos que hagan posible el ejercicio de este recurso característico de una auténtica soberanía del pueblo.

También coincidimos con quienes plantean la necesidad de ir creando todas las condiciones requeridas, desde el cambio de mentalidades, transformaciones en la cultura política, amarres de consensos sociales y partidistas y las propuestas de reformas constitucionales, con sus correspondientes legislaciones, para transitar de la forma de gobierno presidencialista a la democracia parlamentaria. Habrá que profundizar en este tema, porque existen diferentes modalidades de parlamentarismo, a fin de retomar la que sea más conveniente para la nación y los mexicanos, añadiendo las innovaciones a que haya lugar en función de lo que somos, de nuestra idiosincrasia y del curso que le queremos dar a nuestro país.

Hoy por hoy los gobernadores de los estados tienen más poder dentro de sus jurisdicciones, que el que tiene el Presidente de la república a nivel nacional. Por ejemplo, no nos viene a la cabeza ningún estado del país donde el gobernador no cuente con la mayoría en el Congreso Estatal, a diferencia del Presidente Fox, que no tiene mayoría en el Congreso de la Unión.

Salvo raras excepciones, a los legisladores locales les queda grande el título porque legislar implica aprobar leyes y reglamentos, pero también formularlos, y sin embargo la inmensa mayoría de ellos solo se avoca a aprobar las iniciativas de los gobernadores, o a abstenerse o no aprobarlas cuando forma parte de las oposiciones. Por si fuera poco, basta con revisar las constituciones locales para darse cuenta que los detentadores del Poder Ejecutivo en los estados gozan de muchas facultades. Por esto y otros motivos se necesita acotar el poder de los gobernadores, y ampliar el de los Congresos.

Es necesario promover la organización de todas las fuerzas progresistas de nuestro estado, provengan de la sociedad civil o de los partidos, con la finalidad de construir una verdadera alternativa para las elecciones del 2005 que rompa el predominio del PRI, y el esquema bipartidista que en los últimos años se ha dibujado en la geografía política de nuestra entidad, más en una elecciones que en otras.

Como lo hemos dicho una y otra vez, al gobierno de Vicente Fox se le acabó el gas, y lo que debió haber hecho en un principio, es decir, impulsar la Reforma del Estado para crear los consensos y espacios de interlocución con los partidos políticos y con la sociedad, ya no lo puede hacer ahora porque quien más quien menos está pensando en las elecciones del 2006, y no en hacer los cambios políticos de fondo que el país requiere.

Pero nosotros, como integrantes de la sociedad civil, debemos aprovechar eficientemente el tiempo que va de aquí al 2006 para formular las propuestas de reforma política, en coordinación con todas las fuerzas democráticas y progresistas del país, sean partidos, organizaciones de profesionistas, de empresarios, de estudiosos en la materia, de obreros, campesinos, o simplemente ciudadanos en lo particular, con el fin de que el próximo presidente se avoque a impulsar la transición democrática mediante la Reforma del Estado, con la esperanza puesta en que ese nuevo mandatario sea alguien que coincida con el ideario político de nuestro movimiento, y de muchos otros inscritos en las corrientes de avanzada que pugnan por las transformaciones democráticas y la justicia social.

También coincidimos con la movilización de la sociedad, no para exacerbar las contradicciones sociales, o como se decía antes, la lucha de clases, como condición objetiva de los cambios revolucionarios, y como expresión subjetiva de las contradicciones objetivas entre el carácter cada vez más social de las fuerzas productivas y el carácter cada vez más privado de las relaciones de producción, sino únicamente como el procedimiento idóneo para alcanzar los objetivos que la sociedad civil organizada se propone, los cuales casi siempre parten de sus necesidades más sentidas y de los problemas de orden social, económico, político y cultural que la aquejan.

Entonces, nos proponemos apoyar los movimientos sociales que hayan surgido autónomamente, y en la medida de nuestras posibilidades y cuando las condiciones reales se presten, promoveremos el surgimiento de otros, siempre y cuando cuenten con bases realistas que los sustenten, en especial las que tienen que ver con la existencia de problemas sociales no resueltos, y cuando exista un germen de inconformidad entre los ciudadanos, como punta de lanza y condición necesaria para promover la organización de los sectores sociales interesados en esos problemas, o afectados por ellos.

Es necesario trabajar en esta área, tanto para colaborar en los procesos de conformación de una sociedad civil consciente de su realidad, crítica, activa y propositiva, como para resolver a corto, mediano y largo plazos los problemas de todo orden que deterioran la calidad de vida de los coahuilenses, que los tienen, y muchos, no obstante que el informe del 2002 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ubica a Coahuila en el quinto lugar de las entidades del país, después del Distrito Federal, Nuevo León, Baja California y Chihuahua, con un índice de desarrollo humano de 0.8329.

Pasamos ahora a las cuestiones económicas. Antes de proceder a decir con qué cosas no coincidimos y con cuáles sí lo hacemos, conviene hacer una aclaración.

El debate sobre los asuntos económicos se ha politizado en los últimos tiempos, y está bien que eso suceda porque ambas esferas de la vida pública son interdependientes (la política y la económica) o están estrechamente relacionadas. Sin embargo, para nadie es un secreto que en no pocas ocasiones se cae en excesos, transitando desde las apreciaciones políticas claras, con fundamento y ponderación, a visiones sobrepolitizadas que buscan más abonar a favor de los fines precisamente políticos de quienes las sostienen, antes de contar con información precisa y objetiva sobre los fenómenos económicos.

Formular juicios de valor sobre la economía es inevitable, pero siempre es mejor plantearlos sobre la base del conocimiento que a partir de prejuicios, confesables o inconfesables.

También se ha puesto de moda proferir opiniones hiperidiologizadas sobre los modelos económicos, ya en su defensa a ultranza o en las descalificaciones furibundas que no dejan títere con cabeza. Ambas posiciones se ubican en las antípodas, y por lo regular no se muestran dispuestas a ceder ni un ápice, de tal suerte que el diálogo entre ellas, en las escasísimas ocasiones en que ocurre, se convierte en un diálogo de sordos.

Los que están en el gobierno son los primeros defensores del modelo económico en vigor, por obvias razones, y los opositores plantean sistemáticamente críticas acérrimas. Para unos todo está bien, y para los otros todo está mal. Vistas así las cosas, por supuesto que no se producen avances en la comprensión de las cuestiones económicas, y menos todavía en las posibilidades de llegar a acuerdos entre las partes, y quien paga los platos rotos por los encontronazos de los políticos es el pueblo.

Debe reconocerse que hay grandes diferencias entre la política proselitista, la que predomina en las campañas electorales, que es cuando los candidatos ofrecen el oro y el moro, y hasta las perlas de la virgen con tal de hacerse del poder, y la política real, la real politik, como dicen los alemanes, que es la que se comienza a ejercer cuando los candidatos pasan a ser gobierno. Es entonces que se dan cuenta que no podrán cumplir sus promesas de campaña, que las expectativas que generaron fueron muchas, e incluso que tendrán que hacer ciertos ajustes o concesiones de orden político e ideológico para administrar lo mejor posible la cosa pública, en especial para hacer lo más con lo menos.

Eso le pasó, por ejemplo, a Felipe González en España, quien llegó al poder con un programa netamente socialista, pero la contundencia de los hechos lo hizo moverse hacia el centro para promover la inversión privada, tanto nacional como extranjera, para abrir a su país al intercambio comercial, cuando aún había mucho de la cerrazón franquista. Lo mismo le está pasando a Lula da Silva en Brasil, quien alcanzó la presidencia a través del Partido de los Trabajadores, organización que tiene un programa marcadamente socialista. Lula se ha visto en la necesidad de moderar sus posiciones, de acercarse a los empresarios, y hasta recientemente se ufanó de haber hecho una reforma hacendaria de fondo para brindarle al Estado mayores recursos.

Si hemos de ser objetivos, tenemos que reconocer, nos guste o no, que en la historia se han impuesto procesos irreversibles. La globalización es uno de ellos, la reconversión de las economías es otro, pero también están el crecimiento de la competencia internacional para ganar mercados, el flujo de capitales, el surgimiento de las llamadas sociedades del conocimiento, el incremento de la producción y de la productividad ya no en base a ventajas comparativas de orden natural sino a partir de la calificación de la mano de obra, el papel económico cada vez más relevante que están teniendo la ciencia y la tecnología, entre otros.

Sin abjurar de las posiciones políticas e ideológicas, debemos de reconocer que en México hemos sido poco prácticos en materia económica, y en otras mas, para no decir pragmáticos, como es el caso de los chinos, quienes conservan un régimen político comunista, ciertamente no tan rígido como en tiempos de Mao, pero a nivel económico se han abierto a la inversión extranjera y al comercio internacional, e incluso están permitiendo grandes inversiones de capital externo en sectores estratégicos de su economía, como es el caso de la electricidad.

No estamos planteando que México tiene que seguir el mismo camino que esos países para alcanzar sus metas, por la sencilla razón de que cada nación tiene sus propias características, sin embargo es preciso reconocer que existen tendencias generales que rebasan las fronteras de los países. No podemos ni debemos volver a un pasado que solo nos dejó una enorme desigualdad social, traducida en los pocos que tienen mucho, pero verdaderamente mucho porque, como ya se dijo, México es uno de los países más desiguales del mundo en materia de ingresos y de índices de calidad de vida, y los millones que tienen poco, casi nada, o definitivamente nada. Pero tampoco debemos negar las realidades del presente, a fin de sacar el mejor provecho de ellas para el beneficio de las mayorías empobrecidas.

Ciertamente el neoliberalismo como un todo no representa nuestra alternativa, de ahí las críticas tan contundentes que le hemos dirigido en este documento, pero eso no nos debe obnubilar hasta el punto de rechazar categóricamente todas las premisas económicas neoliberales. ¿A quién, que esté en su sano juicio, le gustaría regresar a un pasado de elevados déficit públicos, de tasas de inflación de tres dígitos, de tasas de interés altísimas, de depreciaciones muy pronunciadas del peso, de pérdidas bastante marcadas del poder adquisitivo de los salarios y de crisis económicas recurrentes? Pero también, ¿a quién le gusta vivir en un presente de estancamiento económico, de ausencia de políticas claras en materia industrial, agropecuaria y servicios, de desempleo abierto y subempleo, de crecimiento exponencial de la desigualdad social, del ahondamiento de la pobreza de los que ya eran pobres y la pauperización de los que se creían libres de la pobreza?

En lugar del control artificial del tipo de cambio, es preferible la libre flotación de nuestra moneda, sobre todo porque tiende a reflejar, no sin distorsiones, el valor real de la misma.

La disciplina fiscal no es cuestionable en sí y por sí misma, porque nunca resultará ni bueno ni prudente gastar más de lo que se tiene, pero lo que se puede someter a discusión son los niveles del déficit fiscal y los tiempos de los procesos de reducción de esos niveles, a partir de las necesidades apremiantes del país. ¿De qué sirve tener una disciplina fiscal sumamente rígida, que a toda costa busque llegar a déficit cero, cuando tenemos un país lleno de gente que se está muriendo de hambre? Pero también sería irresponsable perder la moderación disciplinaria, haciendo que los niveles del déficit se disparen por las nubes, porque al fin y al cabo esto provoca hiperinflación, y en situaciones económicas de precios elevadísimos, los pobres son los que llevan la peor parte.

Entonces, no estamos de acuerdo en que se maneje la disciplina fiscal como un fin en sí mismo, al margen de la realidad económica toda, de las necesidades del país y de las condiciones de vida de los mexicanos. El fundamentalismo neoliberal tiende a bajar esos niveles a rajatabla, caiga quien caiga.

No estamos, ni nunca estuvimos de acuerdo con la extranjerización de la banca, mucho menos ahora que el capital financiero internacional se ha adueñado de más del 85 % de ella.

Los bancos no están cumpliendo el objetivo que define su naturaleza: la intermediación financiera para captar los ahorros de la población y para financiar las actividades productivas a través de los créditos. Los bancos, en su mayoría, viven de intereses y comisiones, es decir, de los intereses que les paga el IPAB, que representa todo lo que los mexicanos estamos pagando por el megafraude del Fobaproa, con el agravante que ni siquiera se hacen esos pagos a banqueros mexicanos, sino a extranjeros. También perciben jugosos ingresos, que decimos jugosos, jugosísimos ingresos por las altas comisiones a causa de los servicios que prestan a los usuarios, y por las muy elevadas tasas de interés que cobran por las tarjetas de crédito y por otras clases de crédito como los hipotecarios, o para la compra de vehículos, que son los menos porque la banca extranjera ha actuado de tal manera que le viene muy bien el calificativo de pechicata, en la acepción mexicana que le damos a este término, como lo contrario de espléndida o manirrota.

Tenemos elementos para calificarla así, porque definitivamente la banca del país, ahora mayoritariamente en manos de extranjeros, ha dejado de dar créditos, y por lo tanto de contribuir al desarrollo nacional. En 1994 la banca otorgó en créditos la suma de 2 billones 310 mil 555 millones de pesos. En 1995 prestó 1,900,382 millones. En 1996 la suma bajó a 1,635,576 millones. En 1997 bajó aún más a 1,497,273. En 1998 el total fue del orden de 1,332,875 millones. En 1999 siguió la caída, pues ese año se otorgaron 1,283,771 millones. En el 2000 bajó hasta 1,086,395. En el año 2001 la cantidad fue de 967,203 millones pesos. En el 2002 se revirtió el proceso de caída, pero ligeramente, porque se prestaron 973,667 millones, para volver a caer el año pasado a la cifra de 943,815 millones.

¿Quién dijo que nos iba a ir mejor si los bancos pasaban a manos de los extranjeros, en particular de los banqueros norteamericanos y españoles? Los datos muestran que la banca no ha sido solidaria con el país, al contrario, es responsable también, junto con el gobierno federal, de la parálisis económica que estamos padeciendo, pues de 1994 al 2003 ha reducido cerca de 1.7 billones de pesos la aprobación de créditos al sector productivo, empresas y personas físicas. Pero, ¿a quién diantre se le ocurrió pensar que el capital financiero internacional tenía alma, y por lo tanto sentimientos? Lo único que tiene son intereses, que consisten en expoliar lo más que puedan de los mexicanos, así sea que nos dejen con una mano atrás y otra adelante.

No estamos de acuerdo con la manera como la administración federal panista ha hecho las cosas en el plano económico. De hecho habría que hablar no de lo que se ha hecho, sino de lo que no se ha hecho. Por ejemplo, deploramos que el gobierno foxista no cuente con una política industrial clara, con base en el desarrollo de la pequeña y mediante industrias, que son las que generan más empleos, y el aprovechamiento de las ventajas comparativas no para producir lo que China produce, porque definitivamente nunca podremos competir con sus sueldos bajos, con las facilidades fiscales que está ofreciendo ese país, con los bajos precios de sus materias primas, sino para acceder a sistemas productivos intensivos en capital, y para sacar al mercado nuevos productos a base de la aplicación del conocimiento y de tecnologías de punta.

De hecho tendríamos que estarnos moviendo hacia áreas de industrialización cuyos productos incluyan un alto componente de materiales de procedencia nacional, en lugar de seguir apostándole a las maquiladoras. El impulso de empresas que se manejan más con el know how debe ser una de nuestras prioridades.

No estamos de acuerdo con la situación que prevalece en el campo, donde la mayoría de los productores se encuentran en la inopia por la falta de créditos blandos, y por la competencia desleal en la que una y otra vea incurren los productores norteamericanos, quienes también han sido respaldados por su gobierno a pesar de o no obstante que existen prohibiciones expresas en el TLCAN para evitar este tipo de comportamientos.

Ya lo dijimos, y antes que nosotros lo han dicho muchos, el campo mexicano no aguanta más, y este planteamiento, lejos de ser retórico o propagandístico, refleja la dura realidad. La Organización Mundial de la Salud dice que en México existen 30 millones de personas desnutridas, hambrientas, y con todo y ser muy lacerante esa cifra, consideramos que se queda corta. Bien, seguramente la mayoría de esos millones viven en el campo, o en realidad, únicamente sobreviven, o están languideciendo poco a poco hasta que desaparezcan del todo.

Los cambios estructurales de la economía son imprescindibles para activar el desarrollo económico del país con justicia distributiva, pero no coincidimos con las propuestas del gobierno actual. Además, es necesario que la sociedad civil se sume al debate de esas y otras propuestas, porque ciertamente sería un grave error posponer por más tiempo la realización de tales cambios, y al producirse, será la sociedad la que salga beneficiada o perjudicada, según sea el caso.

La falta de rumbo en la economía se ha traducido en el crecimiento más bajo del PIB para un trienio, desde la época de Lázaro Cárdenas. Obviamente no podemos aceptar las políticas económicas que han causado este desastre, aunque tampoco desconocemos la influencia negativa de una serie de factores externos.

Bueno, pero qué es lo que proponemos, o con qué estamos de acuerdo. En este documento sólo hemos querido formular propuestas generales, sabiendo por adelantado que seguramente no estamos descubriendo el continente americano.

En primer término necesitamos contar con un gobierno que marque un rumbo económico claro y factible, de acuerdo a nuestras condiciones y a las que prevalecen en el escenario internacional.

El rumbo no puede ser otro que la promoción de un proceso de desarrollo económico sustentable y sostenido, pero sobre todo con justicia distributiva, y también generador de empleos bien remunerados.

¿De dónde provendrán los recursos para financiar ese proceso de desarrollo? En primer término, el gobierno federal debe reducir el gasto corriente y ampliar el gasto de inversión. Con ese fin, se necesita poner en práctica un amplio programa de austeridad en las finanzas públicas mediante la desaparición de los gastos suntuarios, los ahorros en el uso de los servicios de todo tipo en las dependencias federales, bajar los sueldos excesivos de los funcionarios, reducir la estructura de representación del gobierno federal en los estados, de tal suerte que en lugar de tener delegaciones de casi todas las secretarías federales y dependencias descentralizadas en cada una de las entidades del país, se pasara al esquema de delegaciones regionales: región noreste, región norte, región noroeste, región centro, región occidente, región oriente, región sur y región sureste. De esta austeridad republicana seguramente se derivarían miles de millones de pesos.

Estamos claros que los recursos que se consiguieran mediante el procedimiento anterior no serían suficientes para dinamizar la economía, al menos no a las tasas de crecimiento que el país demanda, las cuales por lo menos deben ascender al doble de la tasa de crecimiento de la población con el fin de ir cubriendo el déficit de empleos que ha crecido con el paso de los años, para después generar nuevos empleos, y mediante la creación de empleos bien remunerados, reducir gradual pero consistentemente las tasas de pobreza y de la llamada pobreza extrema que, como ya dijimos, no es otra cosa que miseria.

Si bien las amortizaciones se han aplazado, lo que no resuelve el problema de fondo sino sólo lo aplaza algunos años, el servicio de la deuda consume una tajada importante de los dineros del erario público. Es necesario desarrollar una política de alianzas con los países del mundo altamente endeudados con el propósito de formar un frente común ante los acreedores, con la finalidad de que se negocien esquemas de reducción de los intereses y hasta de quitas a los montos totales de las deudas. De esta forma se contaría con más recursos, los cuales seguirían yéndose a los organismos financieros internacionales y a los gobiernos de los países desarrollados en el caso de que continúen las cosas como hasta ahora. Hay que terminar con la paradoja de que algunos países pobres exportan más capitales hacia los países desarrollados por la vía del pago de intereses respecto de sus deudas externas y las amortizaciones, que lo que entra a través de la inversión extranjera directa.

Como ya dijimos, Argentina creció el año pasado al 8%, justamente porque decidió declararse en moratoria. La idea no es llegar a ese extremo, porque de hacerlo todos los países deudores, el sistema financiero internacional se vendría abajo, lo cual de rebote perjudicaría a la corta o a la larga a los mismos países endeudados. Entonces el plan tendría que irse por la vía de la negociación con los acreedores, quienes sí están representados colectivamente, pues que otra cosa son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial sino representantes de tales acreedores. Entonces no hay razones que impidan la organización de los países deudores.

El gobierno federal, pero no éste, sino el próximo, porque el actual no ha demostrado interés ni voluntad, tendría que hacerse del apoyo de las fuerzas políticas más representativas y de los diferentes sectores de la sociedad para emplear ese capital político en las negociaciones que desarrolle con los banqueros del país, a fin de que éstos se decidan a otorgar préstamos a las empresas y a las personas físicas en bien del fortalecimiento del mercado interno, de la reactivación económica, la creación de empleos y, en primera y última instancia, a favor del mejoramiento de las condiciones de vida de la población.

Año con año el presupuesto de egresos de la federación contiene una partida que se destina a los pagos que realiza el IPAB. Los bancos se benefician por los intereses que les paga este instituto, todo derivado del proceso del rescate bancario de tan triste memoria. Entonces, sin incumplir las disposiciones de ley, pero contando con un amplio consenso social, el próximo gobierno federal podría echar mano de tal elemento para negociar con los banqueros, pues de lo que se trata es de que éstos canalicen créditos para el desarrollo de todos los sectores de la economía.

Un fenómeno de nuestros tiempos es la volatilidad del capital especulativo. Los montos de este tipo de capital que circulan por el mundo son tan grandes que son capaces de generar enormes crisis económicas y financieras en los países, cuando deciden huir de éstos por las razones que sean, creando efectos en cascada como el efecto tequila, el efecto vodka que llegan a afectar la economía de amplias regiones del planeta. La voracidad de estos capitales es de antología, y quienes los poseen no tienen el mínimo de sensibilidad social ni sienten responsabilidad alguna con las economías que los albergan en sus bolsas de valores. Así como llegan, inopinadamente, se pueden ir, pero siempre se van con pingües ganancias.

En este país las empresas y los trabajadores pagamos impuestos, pero el capital especulativo no paga nada por las ganancias que obtiene. Es necesario discutir seriamente este punto, con el objetivo de establecer una tasa de impuestos a dichas ganancias, pero cuidando que la tasa no sea tan elevada que nos haga poco atractivos para el ingreso de este tipo de capitales.

También es necesario renegociar el TLCAN, en especial el capítulo agropecuario, porque es justamente ahí donde se han dado prácticas desleales por parte de los productores norteamericanos, quienes reciben sumas importantes de dólares en subsidios otorgados por su gobierno, de tal suerte que pueden ofrecer sus productos a precios más bajos que los agricultores mexicanos. De hecho tales prácticas van en contra de la naturaleza y los objetivos de los tratados comerciales, que precisamente se establecen para crear zonas de libre comercio que abatan las barreras proteccionistas, aranceles y subsidios oficiales.

En condiciones diferentes a las actuales, los productores agropecuarios mexicanos contarían con mayores posibilidades de competir con los norteamericanos y canadienses, lo que impactaría positivamente el mercado interno a través del ingreso de divisas mediante la exportación de mayores volúmenes de productos del campo de nuestro país.

Los mexicanos no tenemos la cultura del ahorro. Esta deficiencia no se puede atribuir exclusivamente a la reducción del poder adquisitivo de los salarios, porque países con niveles de desarrollo similares al nuestro, como Chile, y ahora China, tienen tasas de ahorro per cápita más altas que la nuestra, y no se diga los países desarrollados. Pero para incrementar el ahorro se requiere dar certidumbre a los ahorradores, y bajar las tasas de intermediación financiera de los bancos para que éstos ofrezcan intereses más atractivos, a condición de que no sean inflacionarios. El fortalecimiento del sistema financiero nacional redundará en el crecimiento de la economía, por conducto de un mercado interno que se vería fortalecido por la ampliación de la capacidad de financiamiento bancario de las actividades productivas.

Por otro lado, no se puede negar que se requiere hacer la reforma hacendaria, que es mucho más que una mera reforma tributaria, y por supuesto aún más que una reforma tributaria centrada en el IVA.

Es cierto que México tiene una de las cargas fiscales más bajas de Latinoamérica, la cual es del orden del 12% del PIB, cuando todos los impuestos recabados en Chile representan el 18% de su PIB. Sin embargo hay que ver esta cuestión desde una perspectiva más amplia.

En el país trabajan, de manera formal o informal, 40 millones de mexicanos, pero sólo 8 millones pagan impuestos. De manera que la evasión fiscal a causa de las exenciones, las evasiones, los reportes menores de los ingresos realmente obtenidos y por los millones de personas que no pagan impuestos porque no están registrados en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, asciende a 400 mil millones de pesos por año.

De lo anterior se sigue que antes de pensar en aumentar los impuestos, el gobierno tiene que ser más eficiente para incrementar la masa tributaria ampliando el padrón de contribuyentes, eliminando las exenciones, compactando la amplia gama de impuestos, y también se necesita simplificar los trámites para el bien de las declaraciones impositivas, que hoy por hoy son tanto o más abigarrados que el estilo churrigueresco, y fuente de evasión fiscal.

Entonces, y sólo hasta entonces es que se debe tratar el espinoso asunto del aumento a impuestos. Es cierto que también tenemos una de las tasas más bajas de impuestos al consumo de Latinoamérica. Para remediar esta situación, podría ponerse en práctica el esquema de incrementos graduales del IVA a los productos con tasa cero, partiendo, digamos, de un 3%, y en la medida en que las condiciones económicas del país mejoren, y que esa mejora se note en los bolsillos de los contribuyentes, en el incremento de personas que pasen de las filas del desempleo a las del empleo para convertirse en contribuyentes, y que se reduzcan los niveles escandalosos de pobreza y miseria que hoy por hoy nos asolan, puede ir aumentando gradualmente esa tasa, hasta llegar a contar con un solo impuesto al valor agregado para todos los productos.

En correspondencia con lo anterior, a mayores niveles de impuestos al consumo, menores tasas impositivas al ingreso de las personas físicas y las empresas. Esto aumentaría, también gradualmente, la capacidad de ahorro de los individuos y las de inversiones de los empresarios.

Todas las medidas anteriores redundarán en el fortalecimiento y la ampliación del mercado interno, el cual ha sido descuidado en los últimos años por tener puestos los ojos en el exterior, pensando que el incremento de las exportaciones se convertiría en la locomotora del desarrollo económico. A poco más de diez años de haber entrado en vigor el TLCAN esto no ha sucedido, así es que ha llegado la hora de voltear hacia adentro, pero sin descuidar el flanco externo, es decir, tendremos que seguir impulsando la política de incremento de las exportaciones, porque no podemos rezagarnos más de lo que ya lo hemos hecho en el terreno de la competitividad al nivel de los estándares que prevalecen en los mercados internacionales.

Tampoco se puede posponer la reforma energética, en particular la eléctrica, pero es necesario desidiologizar el debate para encontrar esquemas prácticos de solución, pues así como existen modelos públicos de generación, conducción y comercialización de la energía altamente eficientes, como es el caso de Francia, también hay privados.

Se puede trabajar bajo esquemas mixtos de financiamiento, siempre y cuando el Estado conserve la rectoría de este sector estratégico de la economía del país, y sin necesidad de hacer cambios sustantivos a la Constitución. Bajo reglas claras y precisas, y al margen de corrupciones e inseguridades jurídicas, no tiene porque no aceptarse la inversión privada para complementar la inversión pública.

Los sistemas de producción de las empresas están cambiando aceleradamente como resultado de la incorporación de los avances de la ciencia y la tecnología, y lo mismo ha sucedido con los esquemas de administración de los negocios. La reconversión y la reingeniería industriales son procesos irreversibles, nos gusten o no.

Naturalmente estos cambios tienen que impactar, más temprano que tarde, el curso natural de las relaciones obrero-patronales. Por ello la reforma laboral es inevitable, pero para llevarla a cabo se necesita crear grandes consensos sociales, como para el caso de las otras reformas estructurales.

Los derechos laborales deben salvaguardarse, pero hay que mostrar disposición y ser flexibles para reconocer que los ambientes de trabajo están cambiando, y estos cambios impelen a realizar reformas a la legislación en la materia.

En resumen, las fuerzas progresistas de este país estamos obligados, por obra de las circunstancias, pero también de la conciencia y el compromiso político con nuestro país, y en especial con los que menos tienen o de plano no tienen nada, a luchar denonadamente por emprender el camino del desarrollo económico sustentable, sostenido y con justicia social.

A nivel estatal se necesita integrar económica y comercialmente a las distintas regiones del país. Con esta visión en menta, las dependencias encargadas del fomento de las actividades económicas deben formular, con el consenso y participación de los sectores interesados, programas viables que cumplan ese propósito. Por ejemplo, es más que factible promover la instalación de una empresa o negocio ancla en alguna región del estado, y procurar que las empresas y negocios subsidiarios se arraiguen en otras regiones.

Para ello se requiere modernizar todo el sistema de comunicaciones de nuestra entidad, empezando por las carreteras, después por reactivar los ferrocarriles, hasta por medio del mejoramiento de las telecomunicaciones y mediante la promoción de los servicios de Internet.

Es preciso rescatar Altos Hornos de México, pero el rescate debe comenzar por el desplazamiento de los dueños actuales, por corruptos e ineficientes, y si no se quiere estatizar completamente la empresa, entonces que se diseñen esquemas mixtos de inversión, que se negocie con los acreedores e incluso que se llegue a acuerdos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la condonación de los impuestos no pagados, o para rebajarlos a niveles que se vuelvan pagables, todo con el fin de reiniciar la capitalización a mediano plazo.

Si se ponen en práctica una serie de medidas de austeridad en el gasto público, en los mismos rubros que consideramos para el gobierno federal, entonces se puede contar con montos mayores de recursos para la inversión productiva. El campo de Coahuila necesita urgentemente reactivarse, y las inversiones del estado en infraestructura constituirían la plataforma de despegue en beneficio de los pequeños y medianos productores, en particular de ejidatarios y comuneros.
Se requiere desarrollar una intensa campaña de promoción del estado en el exterior, además de ofrecer ciertas facilidades fiscales, erradicar la tramitología y otras medidas que se consideren necesarias para atraer capitales que vengan de afuera, de modo que Coahuila recupere los niveles que llegó a tener en los primeros años de la década de los noventa en cuanto a la captación de IED.

En la cuestión social, lamentamos profundamente la insensibilidad del gobierno actual que no ha querido o no ha podido resolver los principales problemas sociales: las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, al Estado de Derecho mismo, la proliferación del narcotráfico y del delito organizado, la inseguridad pública, la desatención de las demandas sociales, entre otros.

Dice Jorge G. Castañeda, y dice bien, en su columna titulada “Ideas del cambio”, aparecida en la edición del miércoles 25 de febrero del 2004 en los periódicos del Grupo Reforma lo siguiente:

“Es fundamental, para empezar, que en México logremos instaurar una verdadera seguridad jurídica para las personas, los bienes y las transacciones. Mientras un ciudadano no pueda salir a caminar tranquilamente por la calle, mientras el dueño de un terreno no esté seguro de que nadie se lo va a quitar o a expropiar, mientras un pequeño empresario no sepa que el contrato que firmó con un proveedor se va a cumplir, este país no contará con las condiciones para tener el crecimiento económico que requiere y crear los empleos que reclaman los mexicanos”.

Entonces los gobiernos, en sus respectivos ámbitos jurisdiccionales, deben garantizar el Estado de Derecho, a través del equilibrio entre el apego a la ley y la mesura, además del sentido común en la toma de decisiones.

En materia de seguridad pública, ésta debe estar a cargo de la Procuraduría General de la República para atender las áreas que a ella por ley le corresponden, sin la intervención del Ejército mexicano. Las procuradurías de los estados tienen que hacer lo propio en sus respectivos ámbitos.

Un poco en broma, un poco en serio, se puede decir que en este país hay más cuerpos policíacos que policías. Hay cuerpos policíacos federales, está la policía federal de caminos, la policía rural, la estatal, la municipal, los escuadrones especializados, la policía bancaria, y otras más que no nos vienen a la memoria. Lo que predomina es la falta de comunicación, la descoordinación y la desorganización, de modo que no son infrecuentes los casos en los que se invaden los campos de unos y otros, y hasta los enfrentamientos tampoco son infrecuentes.

Entonces se necesita poner orden, y si para eso se requiere reformar la Constitución y las leyes, tanto las federales como las locales, no debe dudarse en proceder con el fin de crear una policía nacional honesta, profesional y de conducta intachable.

El ministerio público no debe pertenecer a las procuradurías, porque eso da pie a que en muchas ocasiones los agentes de los ministerios públicos se conviertan en juez y parte, cometiéndose grandes injusticias. Por lo tanto, proponemos que se integren al Poder Judicial, o que actúen como organismos autónomos.

A propósito del Poder Judicial, en este país se habla mucho de las reformas de los poderes Ejecutivo y Legislativo, pero poco es lo que se dice del primero. Entonces, es inaplazable hacer una gran reforma judicial que tienda a profesionalizar el trabajo de los magistrados y jueces, erradique la corrupción y cambie el sistema de impartición de justicia en este país mediante la celebración de juicios orales y la unificación de los diferentes códigos penales, y de otros códigos que venga también al caso reformar.

Los distintos niveles de gobierno del país tienen que comprometerse, en la práctica, a defender todos los derechos de todos. Con ese fin, es necesario ampliar las facultades constitucionales de las comisiones de derechos humanos para que no se concreten a formular recomendaciones públicas, o a denunciar los desacatos de dichas recomendaciones en las que incurren los gobernantes y funcionarios públicos. Urge, pues, reformar las constituciones, tanto la federal como las de los estados, para que los dictámenes o fallos de las comisiones tengan carácter vinculatorio, es decir, para que se conviertan en verdaderas sentencias.

El próximo Presidente de la república tiene que hacer los amarres políticos necesarios y alcanzar los consensos que se necesiten para reformar la Constitución y la ley reglamentaria correspondiente en materia de derechos de las etnias de nuestro país, retomando las propuestas contenidas en el documento de la COCOPA (los Acuerdos de San Andrès). Y nos referimos al próximo presidente, porque del actual no podemos esperar nada, como ya quedó demostrado.

El lamentable caso de las muertas de Juárez amerita una atención especial. Para resolverlo no debe repararse en la cantidad de recursos financieros que se requieran, ni en el número del personal avocado a las investigaciones. La fiscalía especial debe recibir todo el apoyo del gobierno federal, y también del estatal y del municipio, hasta no dar con los verdaderos autores intelectuales y materiales de los múltiples homicidios.

Las demandas sociales de los diferentes grupos de la sociedad deben ser atendidas a tiempo y en situ, antes de que se generen movilizaciones callejeras, tomas de oficinas y otras prácticas de protesta que son moneda de uso común, algunas de las cuales, como ya dijimos, caen fuera de la ley. Pero cuando no se haya podido desactivar las movilizaciones por los motivos que sean, dando por supuesto que el gobierno puso todo su empeño para el logro de ese fin, entonces las autoridades deben actuar con sensibilidad política, con mesura y con una buena dosis de sentido común para no caer en prácticas represivas.

La sociedad se mueve cuando comprueba que sus gobernantes no la escuchan, cuando no hacen nada o hacen muy poco para atender sus demandas, y por supuesto cuando se dan cuenta que las autoridades caen en prácticas de corrupción, cohecho e ilegalidades sin cuento que afectan los intereses legítimos de ella misma y ponen en riesgo la estabilidad social. Igual cosa sucede cuando se comprueba la falta de sensibilidad de quienes nos gobiernan, y hasta su antipatía por las expresiones autónomas, independientes y libertarias de la sociedad civil. Por lo tanto, el pueblo está demandando de las autoridades que gobiernen con la verdad por delante, de cara a los ciudadanos, fuera de los muros de Los Pinos, del palacio presidencial, de los estatales y los municipales, fuera de las oficinas de las muchas dependencias de gobierno, con claridad de propósitos y miras altas, apegados a derecho, y sobre todo con el ejercicio real y efectivo de sus facultades y atribuciones para que atiendan sus demandas y necesidades impostergables.

Es necesario redoblar los esfuerzos para combatir el narcotráfico, pero hay que ir por las cabezas grandes, y no conformarse con la captura de los burreros. Con ese fin debe hacerse una limpia a fondo de los cuerpos policíacos que tienen a su cargo esta tarea para desterrar la corrupción, las infiltraciones, los nexos con los narcotraficantes, y tantas otras prácticas desleales.

El Ejército mexicano, esa institución tan hermética que no suelta prenda, y que en incontables ocasiones ha sido utilizada para reprimir los movimientos sociales y la insurgencia civil, también debe ser objeto de reformas profundas para abrirlo a la sociedad, para que los delitos cometidos por sus elementos se juzguen conforme a los códigos penales civiles, y no con base en los castrenses, para crear un ombudsman especial que defienda los derechos humanos de todos los miembros que lo integran, en particular los de quienes tienen mandos medios y bajos.

Lo que resulta inadmisible es el combate de los insurgentes del país, pretextando que son narcotraficantes y que tienen relaciones con tal o cual cártel de narcotraficantes. Esto da pie para plantear la necesidad de aprobar una gran amnistía política para que quienes opten por atenerse a ella, tengan posibilidades reales de reintegrarse a la vida civil. Aunado a esto deben crearse programas especiales de trabajo para los insurgentes que dejen las armas.

Vamos todavía más lejos, el próximo gobierno federal debe reconocer oficialmente la existencia de distintos grupos guerrilleros en el país, y además de la amnistía política, tendrá que iniciar una intensa campaña de negociaciones con esos grupos, atendiendo primordialmente sus demandas verdaderamente justas, y estableciendo compromisos claros y concretos sobre el particular. Incluso debe invitar a organismos de la sociedad civil a que estén al tanto de las rondas de negociaciones y del cumplimiento de lo pactado.

El sistema penitenciario del país también necesita cambiar de fondo, y los códigos penales tienen que homologarse, además de ser sujetos de profundas reformas. Es preciso abatir los rezagos en los juicios penales, porque muchas personas permanecen en calidad de indiciados por bastantes años sin que se les haya sometido a juicio. Los reos del fuero común deben ser separados de los reos del fuero federal. También se necesita introducir esquemas distintos de purga de condenas. Por ejemplo, para los que hayan cometido delitos menores, equivalentes a cinco años de cárcel o menos, pueden ser liberados para que desempeñen trabajos en beneficio de la comunidad.

El pueblo de México tiene una deuda histórica con los indígenas del país, o mejor dicho, con los nativos originales de estas tierras. Esa deuda no se paga con crear una oficina encargada de los asuntos de las etnias del país, como un puesto bastante menor. Se necesita formular un programa especial de amplias dimensiones que incluya proyectos para la creación de empleos, para el fomento de las actividades agropecuarias, para el financiamiento de la producción artesanal, para la construcción de viviendas y la dotación de todos los servicios básicos, para atender los problemas de salud y educación, bajo el entendido que se respetarán las tradiciones, usos y costumbres de los pueblos, con la condición de que no conculquen los derechos de nadie, en especial de las mujeres y los niños indígenas. Para darle viabilidad y asignarle la importancia que merece un programa de estas dimensiones, cada dependencia federal deberá crea una dirección para atender los asuntos de estos pueblos. Es lo menos que podemos hacer por ellos, no en orden a callar las voces de una conciencia que se sabe culpable, sino por el más elemental sentido de justicia histórica.

En las cuestiones culturales, las cuales consideramos igualmente importantes que las anteriores, proponemos las siguientes medidas, no sin antes decir que no pasan de ser planteamientos ciertamente muy generales, los cuales en su oportunidad serán explicitados.

En esta era de cambios vertiginosos, donde el conocimiento se duplica cada cinco años, donde la tecnología está ocupando más espacios en los sistemas productivos y hasta en las diversas áreas de la vida en comunidad, donde los sistemas de comunicación están evolucionando día a día, donde la red mundial de comunicación vía internet ha invadido los hogares, oficinas, empresas, negocios y dependencias de gobierno, donde el desarrollo económico de los pueblos se basa ahora precisamente en el conocimiento, la educación de México no puede quedarse estancada.

Es necesario, pues, una gran reforma educativa que incluya los siguientes elementos:
-Volver obligatoria la educación que va desde preescolar hasta el tercer año de secundaria.
-Mejorar, en calidad y cantidad, los contenidos de la enseñanza a todos los niveles.
-Eficientar los programas de preparación de los maestros, a través del conocimiento de los nuevos métodos, técnicas, instrumentos, habilidades y destrezas de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
-Elevar, por lo menos a niveles decorosos, los sueldos de los maestros, de todos, pero en especial de los maestros rurales y de los maestros de educación básica.
-Elevar el presupuesto para educación al 8% del PIB.
-Dotar a las actividades de investigación y creación de tecnologías de mayores recursos, hasta por un monto del 2.5% del PIB.
-Alentar los convenios de colaboración entre las universidades y las empresas para que éstas financien los programas de investigación y de creación de tecnologías que les resulten redituables.
-Mejorar los sistemas de evaluación de la educación escolar obligatoria.
-Diseñar y llevar a cabo un amplio programa de alfabetización a nivel nacional, de las proporciones que llegó a tener un programa similar durante el gobierno del General Lázaro Cárdenas.
-Diseñar y poner en práctica un programa de realfabetización de los analfebetos funcionales.
-Monitorear la calidad de la educación de las universidades privadas, e incentivarlas para que desarrollen amplios programas de investigación y de creación de tecnologías.
-Crear un programa nacional de becas para los estudiantes de todos los niveles educativos.
-Promover el conocimiento de las nuevas tecnologías de comunicación y de acceso a la información, en especial mediante el uso más amplio y abarcador posible de las redes de internet, para lo cual será necesario financiar la adquisición de equipos y los trabajos de instalación y de tendido de las redes. Lo que se pretende es abatir los altos índices de analfabetismo informático o cibernético. También es necesario dar los primeros pasos para formar una industria nacional de hardware y software, como ya lo están haciendo otros países en desarrollo o de desarrollo emergente. Paralelamente a esto, conviene impulsar la firma de convenios con las compañías transnacionales de informática, a fin de que ofrezcan sus productos a precios más accesibles a los bolsillos de los mexicanos, y con Telmex, para que haga otro tanto.

Cuando se elaboran programas para difundir todas las manifestaciones de la cultura, por lo regular se deja afuera a los creadores de la cultura y a quienes la difunden, y son unos cuantos los que toman las decisiones en esta área tan fundamental para el país, la mayoría de los cuales han estado enquistados en los gobiernos para medrar.

Por eso es necesario convocar a todos los creadores de cultura, sean escritores, pintores, escultores, músicos, cineastas, directores, productores, a participar en la definición de una política cultural para el país, con sus correspondientes estrategias, planes y programas y esquemas de financiamiento.

Es importante también descentralizar la oferta cultural, mediante la regionalización de los programas y la canalización de partidas importantes del financiamiento hacia los estados y los municipios.

La política de favorecer a los conocidos, a los seguidores de tal o cual camarilla, el favoritismo, pues, y la corrupción deben ser combatidos con denuedo, para que sean los criterios de calidad y la distribución equitativa de las oportunidades, los que normen la asignación de las partidas presupuestales en el ámbito de la cultura.

Del pasado hay muchas cosas que debemos olvidar, pero hay otras que por haber resultado muy positivas para el desarrollo de la vida nacional pueden servir de ejemplo para el hacer público del presente. En este sentido, los gobiernos, en especial el federal, deben promover campañas nacionales de lectura, de autores clásicos y contemporáneos, nacionales y no nacionales, a la manera como lo hizo en su tiempo José Vasconcelos. Por supuesto que se requerirá del financiamiento público de las campañas y de los mismos materiales de lectura.

Todas las bellas artes deben ser impulsadas, pero no con discursos retóricos, sino con decisiones firmes, con hechos tangibles. Es necesario que entre plenamente en vigor la nueva ley de cinematografía, y que se convenza a los exhibidores de películas para que no se opongan al financiamiento ciudadano de la cinematografía nacional. La música también debe respaldarse, lo mismo que el teatro, y la arquitectura de los mexicanos tiene todos los elementos para volver a destacar en el plano internacional.

Las manifestaciones populares de la cultura, que son las más olvidadas, pero que siguen teniendo una fuerza y vigor innegables, es preciso que sean consideradas igual de valiosas que la llamada alta cultura. Siendo así, también se impone definir una política de impulsos y la formulación de programas de fomento de estas manifestaciones culturales, las que por sus características suelen despertar el interés de amplios sectores de la población.

La cultura tiene que dejar de ser un artículo de lujo, y también es preciso cambiar la perspectiva a fin de no considerarla como innecesaria, y por lo tanto prescindible. La toma de conciencia de la sociedad civil va de la mano del disfrute generalizado de todas las manifestaciones culturales.

Al frente de los organismos promotores no deben quedar los muy conocidos funcionarios de escritorio, incultos como ellos solos, y a veces hasta francamente hostiles al ejercicio de las facultades intelectivas del hombre. Por el contrario, ha llegado la hora de que los que hacen la cultura sean los que dirijan las instituciones promotoras de la cultura.

Nuestra entidad, y en particular Saltillo, sigue viviendo de las glorias del pasado. Salvo algunos trazos muy generales en el tema, no existe una política clara, tampoco estrategias precisas y, por lo tanto, los programas para el fomento continuo de las diversas manifestaciones de la cultura brillan por su ausencia. No basta con los festivales anuales, porque la cultura no se aviene a grilletes temporarios.

Si los gobernantes que tenemos saben poco de cultura, entonces no debe de extrañarnos que hagan poco. Pero si así están las cosas, por lo menos deben de tener algo de sensibilidad para poner al frente de los organismos difusores y promotores a personas de reconocido prestigio en el ámbito cultural.

De la cultura se deriva la sensación de pertenencia, la identidad, y valores como la tolerancia, además de los estéticos que son uno con su naturaleza. Entonces la política cultural, las estrategias y los programas que se diseñen para promover la creación y difusión de las distintas manifestaciones culturales y artísticas, deben poner especial énfasis en tejer redes de comunicación y de identificación entre las diferentes regiones del estado, como medio para combatir los efectos perniciosos de los regionalismos exacerbados, de los cuales se derivan actitudes negativas como la intolerancia, la valoración desproporcionada de lo propio y la infravaloración de la otredad, amén de las competencias insulsas y absurdas.

¿Qué podemos decir en materia de educación para Coahuila?

Primero, los gobernantes tienen que reconocer que por lo menos andamos bastante mal en materia de educación básica, como lo consignan una y otra vez las evaluaciones que se hacen a nivel nacional. El reconocimiento del problema es el principio de la solución.

Debe reconocerse también que la corrupción ha penetrado hasta las entrañas de las instituciones gubernamentales encargadas de administrar los servicios educativos. ¿Qué otra cosa podía esperarse, cuando un munícipe, ahora delfín del gobernador, ha hecho su carrera política a base de pervertir los objetivos de las instituciones educativas por las que ha pasado? El escándalo público de las plazas mal habidas en el programa de carrera magisterial es el ejemplo más claro, y también el más actual, de la enorme corrupción a la que nos estamos refiriendo. Pero como ese caso, ha habido muchos otros.

Es imposible que quien auspició y promovió la corrupción, sea quien le ponga freno. Entonces urge que los sectores más claros y progresistas de la sociedad civil se organicen, junto con las organizaciones políticas que compartan la misma visión o visiones parecidas, para demandar urgentemente un cambio de rumbo, un golpe de timón en materia educativa, con el fin de desterrar la corrupción, el clientelismo, los compadrazgos, y que se siga usando a tan noble tarea, como es la educativa, en beneficio de intereses personales, o de intereses políticos de personajes que por su pasado y su presenten devienen en intereses inmorales y absolutamente ilegítimos.

Por todo lo que se ha dicho, y por muchas otras cosas que quedaron en el tintero, pero que oportunamente se dará cuenta de ellas, no podemos permitir que las cosas sigan como hasta ahora, ni a nivel nacional ni a nivel local. Si no hacemos las cosas que está en nuestras manos hacer ahora, no vengamos a llorar mañana por no haber hecho lo que pudimos hacer.

Este estado de cosas dimensiona la importancia de trabajar en todos los espacios de la sociedad civil, con el fin de que los sectores más dinámicos y críticos que la componen se organicen en torno a sus demandas y necesidades impostergables, y se constituyan en interlocutores auténticos ante el resto de la sociedad, es decir, para abrir espacios de diálogo de la sociedad con la sociedad misma, pero para tomar decisiones que beneficien a los más, y para plantarse firme ante los gobernantes y todo tipo de autoridades en la defensa de sus objetivos, y para encontrar respuestas a sus demandas.

Para concluir, reconocemos que es necesario que todas las fuerzas progresistas del país coincidan en un Gran Frente Nacional Por La Democracia Y La Justicia Social, como medio para enfrentar las elecciones del 2006 en las mejores condiciones posibles, y para promover primero la candidatura de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la república, y después para incluir el mayor número de iniciativas de la sociedad civil en el plan de gobierno de la administración de Andrés Manuel.

De ese tamaño es el reto pero, como ya lo dijimos, nunca como ahora se habían dado las condiciones a fin de que las fuerzas de avanzada accedan a puestos claves para la toma de decisiones en el país, con el propósito de cumplir con los objetivos de promoción del desarrollo económico sustentable, sostenido y con justicia social, de promover la transición democrática mediante la Reforma del Estado, de reformar a fondo el Poder Judicial, también la educación y la cultura, y de combatir decidida y frontalmente la pobreza y la miseria, las violaciones a los derechos humanos, los fenómenos dislocadores de las relaciones sociales, y demás aspectos que vayan en contra de la democracia, la justicia social y la fraternidad.



A T E N T A M E N T E

Eleazar Cabello Palacios

Saltillo, Coahuila, a 1 de marzo de 2004